Hace poco, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó un preocupante informe sobre la magnitud de la corrupción en los gobiernos regionales y locales: 2,059 autoridades y ex autoridades se encuentran implicadas en uno o más delitos de corrupción de funcionarios, 530 de los cuales son autoridades en funciones. Indicador claro de que los sistemas de control interno en los gobiernos subnacionales han fracasado o colapsado ostensiblemente.

Esta situación ya había sido advertida por la Contraloría General de la República (en adelante CGR) en estudios anteriores, donde la evaluación de 665 entidades públicas de los tres niveles de gobierno dio cuenta que el 59% no contaba con un diagnóstico de su sistema de control interno; el 69% no realizaba mediciones sobre sus avances; el 71% no contaba con un plan de trabajo en la materia y el 68% no había desarrollado una política de control de riesgos. Sin embargo, poco o nada se hizo en su momento para remediar este panorama, facilitando que la corrupción se extendiera en el conjunto del Estado.

Paradójicamente, el principal encargado de investigar y sancionar la corrupción institucional -como es el sistema de justicia- resultó ser el más afectado por la corrupción, tal como lo han evidenciado los “CNMAudios”. Este caso ha mostrado así la incapacidad de sus órganos de control interno –como la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y la Fiscalía Suprema de Control Interno- para prevenir la gran corrupción judicial, así como su impotencia para separar o sancionar a los malos jueces y fiscales involucrados en estos hechos. La participación ciudadana, a través de las quejas sobre la comisión de presuntos actos de corrupción, en estos órganos de control tampoco ha sido efectiva, permitiendo que siga siendo realidad la frase “otorongo no come otorongo”.

Frente a esta crítica situación, ¿qué alternativa tenemos los ciudadanos? Si bien, al haber emitido un voto responsable luego de las elecciones regionales y municipales, podría significar un primer paso para cambiar las cosas, optando por autoridades más responsables y transparentes, ello no es suficiente. Frente a instituciones que no cuentan con mecanismos de control interno sólidos y eficientes, el riesgo de caer en la corrupción es permanente. Y si bien estos problemas pueden irse superando mediante la aplicación de figuras como el compliance o el ISO 37000 (anti-soborno), muchas autoridades no muestran la voluntad suficiente para implementarlos o aplicarlos debidamente. Por ello, ante instituciones que no quieren (o pueden) controlarse a sí mismas, la vigilancia ciudadana es una forma de control social frente al actuar del Estado y se constituye en el principal camino para garantizar la integridad en el funcionamiento de las instituciones públicas.

Lamentablemente, a diferencia de países cercanos de la región, en el Perú no existe aún una legislación que respalde y otorgue atribuciones concretas a los ciudadanos para fiscalizar la función pública; es más, por poner un ejemplo de coyuntura, con respecto a la realización y ejecución de las grandes obras públicas, especialmente a nivel municipal y regional, esta situación, deja mucho qué desear.  En efecto, este vacío se basaría en la falsa presunción: el que los vecinos y ciudadanos en general no cuentan con los conocimientos técnicos suficientes para comprender los informes de avances o valorar los costos realizados; sin embargo, la experiencia internacional muestra que los ciudadanos sí cuentan con criterios suficientes para determinar si una obra va a ser beneficiosa o no para sus pueblos y familias, dado que son ellos quienes finalmente se servirán de ella o sufrirán las consecuencias de una obra mal hecha.

Partiendo de esta realidad, la CGR ha venido implementando algunas buenas prácticas dirigidas a promover la participación ciudadana a través del control social en la actividad pública.  Entre estas prácticas se encuentran las Audiencias Públicas “La Contraloría te Escucha”; el Servicio de Atención de Denuncias (SAD) por el  cual se reciben y atienden a nivel nacional las denuncias presentadas no solo por ciudadanos, sino también por funcionarios y/o servidores  públicos, quienes intervienen en el proceso de control público brindando información calificada de las áreas críticas de la administración pública y detección de actos de corrupción, relacionados a presuntas situaciones irregulares o ilegales que se presenten en las entidades; el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) que es un sistema web que busca fortalecer la transparencia en la ejecución de obras públicas a nivel nacional mediante el acceso a la información del avance mensual y la articulación de información del SEACE, SNIP y SIAF de las obras públicas que permite al ciudadano hacer participar mediante comentarios, sugerencias y fotografías; el “Buscador de informes de Servicios de Control” ubicado en la página web de la CGR (https://www.contraloria.gob.pe) que permite a los ciudadanos acceder al texto completo  de los informes resultantes de los servicios de control, sin limitaciones, pudiendo realizar búsquedas  por entidades, regiones, personas con presunta responsabilidad, así como estadística de los resultados de las labores de la CGR a nivel nacional.

Asimismo, la CGR ha venido elaborando programas que inciden en promover  la gestión de conocimientos o facultades de control en la ciudadanía como “Postula con la Tuya” que busca sensibilizar e informar a los ciudadanos de las prohibiciones, sanciones y normativa que regula el uso de bienes y recursos del Estado cada vez que entramos en período electoral; “Auditores Juveniles”, dirigido a contribuir en la formación de valores éticos y cívicos de la juventud; y el programa “Monitores Ciudadanos de Control”, conformado por personas naturales –generalmente jóvenes- que son acreditadas por la CGR para ejercer control social sobre la ejecución de obras públicas, de manera totalmente voluntaria.

A estos programas se suman otras acciones propias del control gubernamental dirigidos a generar valor en las entidades públicas, que buscan promover una cultura de integridad dentro de la administración pública, como los Tips de Control, o recomendaciones emitidas por la Contraloría para orientar a los funcionarios y servidores públicos en el uso de bienes y recursos públicos desde un enfoque preventivo; los Operativos de Control, como formas de control preventiva y proactiva sobre diferentes servicios públicos, como el realizado a comienzos del presente año con el Operativo “Buen Inicio del Año Escolar” y el de “Reconstrucción con Cambios” llevados a cabo en el 2018, resultados que están al alcance de cualquier ciudadano.

Si bien muchos de estos programas y buenas prácticas son recientes, los éxitos alcanzados en todos ellos muestran que sí puede impulsarse desde el Estado la formación de una ciudadanía informada, analítica y comprometida con el desarrollo y bienestar de su comunidad, así como funcionarios públicos respetuosos de la ley y que utilizan en forma adecuada los bienes y recursos públicos. Un ejemplo de ello es el de las obras de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, donde el sistema de control concurrente ha permitido un ahorro de 60 millones de soles por sobrecostos o penalidades no aplicadas que han sido corregidas por los gestores públicos y ciudadanos.

En suma, conforme lo viene reiterando el Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta, este tipo de buenas prácticas en el control social de la función pública deben ser replicadas por otras entidades del Estado, permitiendo a los ciudadanos vigilar y prevenir la corrupción y el despilfarro en las obras y servicios que se lleven a cabo en cada región, provincia y distrito. Finalmente, creemos que las nuevas autoridades regionales y municipales deben implementar prácticas similares para hacer más eficiente el gasto público en sus localidades, permitiendo la participación de la sociedad civil organizada. Nuestro país ya no puede darse el lujo de que la corrupción siga gobernando e impidiendo el desarrollo de nuestros pueblos; es hora de que los ciudadanos nos encarguemos de retomar la construcción de un futuro más digno para todos.