El riesgo de contagio masivo por el coronavirus en los penales del país, ha traído la preocupación no solo de las autoridades estatales, sino también de los abogados.

Es por tal motivo, que reconocidos letrados han remitido el 28 de abril de 2020, una carta abierta dirigida a la Presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma Narvaez y, al Vicepresidente, Augusto Ferrero Costa; con la finalidad de que el máximo intérprete de la Constitución intervenga en la defensa del derecho a la salud e integridad de los presos preventivos.

En este documento, se aprecia como fundamento jurídico principal la recomendación Nº 45 de la Resolución Nº 1/2020, “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, expedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de cuyo texto normativo se lee: “[Los Estados deberán]  [a]doptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes”.  [Resaltado agregado]

En torno a esta recomendación de deshacinamiento y revisión de las medidas de prisión preventiva, se solicitó:

i) Declarar, amparando uno de los miles de procesos de hábeas corpus pendientes de resolver, que las actuales condiciones carcelarias (hacinamiento, sobrepoblación y falta de servicios médicos, entre otras) en el contexto de la pandemia generada por la COVID-19 constituye un tratamiento inconstitucional que afecta la dignidad de la persona humana y amenaza la vida, integridad y salud de los reclusos.

ii) Declarar el estado de cosas inconstitucionales, siguiendo la línea jurisprudencial constitucional (STC Nº 2579-2003-HD/TC; 3149-2004-AC/TC; 5561-2007-PA/TC y 0853-2015-PA/TC).

iii) Disponer la variación de la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria o hasta que el Estado acredite que brinda condiciones óptimas para la salud, integridad y vida de todos los reclusos primarios con prisión preventiva.

Finalmente, aducen que, “de mantener una actitud indiferente frente a esta gravísima situación sería avalar ‘una nueva forma de crímenes de lesa humanidad’ conforme así lo ha sostenido el jurista argentino Eugenio Zaffaroni en una reciente entrevista”.

La carta fue suscrita por los abogados Javier Villa Stein, Ántero Flores-Aráoz, Wilber Medina Bárcena, Ángel Delgado Silva, Domingo García Belaúnde, Luis Gonzales Pasada Eyzaguirre, Hugo Guerra, Ana Mark, Enrique Valderrama, Sergio Tapia, Juan Villarán, Alberto Bajack, Eugenio D’ Medina,  Edgardo De Pomar, Jorge Cáceres Arce, Gustavo Gutiérrez, José Antonio Nolasco Valenzuela y Pierre François Novaro Ríos.