El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda en la entrevista realizada al Comercio, señaló que espera que el día de hoy el Congreso de la República apruebe el dictamen del proyecto de ley para reducir el deshacinamiento en las cárceles a nivel nacional. Manifestó que esta medida elaborada por este Ministerio y presentada al Parlamento el 05 de mayo, a diferencia de la propuesta legislativa del Poder Judicial, seria una medida más rápida pues se trabajará con resoluciones colectivas, con la intervención de un juez y fiscal de emergencia penitenciaria.  

Como se recuerda, el Proyecto de Ley Nº 5110/2020-PE, establece medidas excepcionales para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles ante el riesgo de contagio de la COVID-19. Para tales efectos, prevé un procedimiento especial para el egreso de los privados de su libertad, para lo cual el INPE y Centros Juveniles enviarán una lista de las personas que se encuentran aptas, lo que será puesta a disposición de las Cortes Superiores para que revisen el caso y emitan una resolución judicial colectiva, que será notificada al INPE y al Pronacej para que se ejecuten las salidas de los penales.

Esta propuesta legislativa fue presentada luego que el Congreso denagara el Ejecutvio, facultades para legislar en materia del deshacinamiento de los penales. Al respecto el Ministro manifestó: «[ ] ese pedido fue rechazado, el Congreso eliminó la posibilidad de que el Ejecutivo pudiera, mediante, una comisión, una norma o un mecanismo para modificar la situación jurídica [de los internos]. (…) La posibilidad para deshacinar [los penales] son del Ministerio Público, Podr Judicial e incluso el Tribunal Constitucional, que tiene los hábeas corpus contra las resoluciones judiciales, no es un tema solo del Ejecutivo». Declaración brindada al mismo diario. 

Sobre los beneficiarios del proyecto de ley, el titular del Minjus explicó que un primer grupo serían los procesados por delitos no graves, los que ascienden a un aproximado máximo de 10 000 y sobre los cuales se dictará comparecencia con restricciones. Estos egresos por tratarse de delitos grave no signicarían un riesgo grave para la sociedad.