El Congreso de la República, presidido por Manuel Merino De Lama, a través de la Ley N° 31020, publicada el 28 de mayo en El Peruano, delega en el poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria, a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por el riesgo de contagio de la COVID-19, tanto de los internos como del personal.

Esta delegación ha sido conferida por el término de 7 días calendario, desde la vigencia de la presente ley (29 de mayo de 2020). 

Conforme se advierte de la Ley, para disminuir la sobrepoblación en el Sistema Penitenciario y Sistema de Reinserción Social de Adolescentes, se deberán dictar las medidas o mecanismos excepcionales sobre: 

a. Revisión de medidas de coerción procesal (prisión preventiva y otros). 

b. Beneficios penitenciarios, conversión de penas, vigilancia electrónica personal, redención de penas y demás figuras que permita evaluar el egreso de personas procesadas y condenadas por delitos de menor lesividad. 

Como se recuerda, esta delegación de la facultad legislativa se encuentra prevista en el artículo 104 de la  Constitución Política del Perú.

«El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa (…) El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo​».

Ud. puede descargar la Resolución aquí y/o leerla en nuestro archivo Scribd:

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