El Pleno del Congreso de la República aprobó con 113 votos a favor el proyecto de ley que elimina los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) en el sector público, y dispuso que los trabajadores pasen a los regímenes laborales de los Decretos Legislativos 276 y 728.

El proyecto fue sustentado por el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Daniel Oseda Yucra, obteniendo el consenso de prácticamente todas las bancadas, solo los miembros del Partido Morado se abstuvieron de votar.

El Pleno del Congreso decidió exonerar al proyecto de ley de una segunda votación.

¿Qué requisitos deben cumplir los trabajadores CAS para pasar a la 728 o 276?

Según detalla el proyecto aprobado en el Pleno del Congreso, los trabajares que realicen labores permanentes y tengan contratos CAS por 2 años continuos o 3 en forma discontinua podrán acceder a lo dispuesto por la ley.

También se tomará en cuenta que los trabajadores hayan ingresado por concurso publico o, en su defecto, hayan tenido la condición de SNP y luego haber sido CAS.

Entonces, ¿todos los que cumplan los requisitos pasan automáticamente al régimen 728 o 276?

La aplicación de la ley será de manera progresiva hasta por un periodo de 5 años. Para evitar el despido de trabajadores, o la separación de aquellos que tienen los contratos prontos a concluir, la ley dispuso que todos los CAS pasen a tener carácter de indefinidos y solo pueden ser despedidos por causa justa y motivada.

De acá para adelante ninguna entidad estatal podrá contratar bajo el régimen CAS, salvo los que sean CAS de confianza. La implementación de la ley se financia con cargo al presupuesto de cada entidad.

La SUNAFIL realizará la fiscalización de las condiciones contractuales y convencionales de los trabajadores CAS mientras dura la implementación de la ley.

Finalmente, ordeno al Ejecutivo la reglamentación de la ley en un lapso de 60 días.

¿Cómo reacciono SERVIR?

Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) a través de un comunicado público dio a conocer su preocupación por la ley aprobada en el Congreso, dado que la medida produciría un aumento del 25% en la planilla del Estado.

También consideran que la decisión del Legislativo afecta los principios de meritocracia y la igualdad de oportunidades que deben primar en el Estado, ya que permitiría que 300 mil personas entren sin concurso público y de manera indefinida a trabajar.

Precisa que la medida estaría afectando el orden constitucional, porque el Poder Legislativo no tiene iniciativa para crear o aumentar el gasto público, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución.

Hasta el cierra de esta nota, ninguna entidad del Estado informó que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por el Congreso el último viernes en la noche.

Revisé el Proyecto de Ley AQUÍ.