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Gaceta Penal 141: El delito de feminicidio y el enfoque de género en el Derecho Penal peruano

Gaceta Penal 141: El delito de feminicidio y el enfoque de género en el Derecho Penal peruano

Atendiendo a los altos índices de muerte bajo el contexto de una violencia de género, así como la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la sección especial del mes de marzo de Gaceta Penal & Procesal Penal se visibiliza las nuevas formas de análisis y aplicación del Derecho Penal, resaltando las diversas problemáticas en torno al delito de feminicidio y la violencia basada en el género. En ese sentido, se reúnen los aportes de tres destacadas especialistas tales como Isabel Tello Carbajal, Elsa J. Sofía Calvo Daza y Luciana Ugarriza Landavery.

Por Gaceta Penal & Procesal Penal

martes 30 de marzo 2021

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Especial: El delito de feminicidio y el enfoque de género en el Derecho Penal peruano

Como Especial de este número, se desarrollan dos temas de actualidad, relevancia y que guardan una estrecha vinculación entre sí, en el contexto jurídico-penal peruano: el delito de feminicidio y el enfoque de género, ambos temas muy controvertidos desde la incorporación del primero de ellos al Código Penal peruano, que seguramente a través del tiempo se seguirán discutiendo. Así, Isabel Tello Carbajal advierte que la actual tipificación del delito de feminicidio vulnera el principio de legalidad –específicamente el subprincipio de taxatividad–, el principio de culpabilidad y el principio de igualdad.

Por su parte, Elsa Calvo Daza desarrolla algunos apuntes respecto al reconocimiento de la igualdad material de las mujeres desde el Derecho Penal, proponiendo entender la violencia de género y aplicar correctamente la perspectiva de género sobre los tipos penales y normas ya existentes. Por último, Luciana Ugarriza Landavery precisa destaca algunos problemas que presenta la actual comprensión del delito de feminicidio y su problemática en los casos de “identidad de género”.

Elementos objetivos y subjetivos del delito de lavado de activos

En la sección Litigio penal se incluye una importante entrevista al profesor Ronal Hancco Lloclle, quien nos brinda sus puntos de vista sobre qué aspectos y en qué grado deben ser acreditados los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de lavado de activos, haciendo hincapié en el denominado triple pilar indiciario utilizado en los procesos penales por lavado de activos.

Las claves esquematizadas contempla la legítima defensa en el ordenamiento jurídico peruano, sus fundamentos y requisitos, notas doctrinales y jurisprudenciales relevante sobre el tema, constituyéndose en una herramienta con enfoque teórico-práctico, imprescindible para todo abogado que desee comprender de manera simple y ordenada sobre este recurso extraordinario.

Como jurisprudencia relevante de este mes se incluye la Casación Nº 879-2019-Ayacucho, en el que se precisa que los jueces están obligados a realizar de oficio un control de convencionalidad sobre todas las normas jurídicas nacionales.

La vigilancia electrónica

En la sección de Derecho Penal, Anthony Romero Casilla, luego de una confrontación con el control judicial y la práctica carcelaria, considera que no se disponen de todos apremios judiciales, legales ni administrativos para dar cumplimiento a la vigilancia electrónica personal.

La regulación de la sucesión intestada y el delito de falsedad ideológica

En la sección de Delitos comunes, destaca el trabajo elaborado por Carlos Custodio Ramírez, quien propone la modificación del Código Procesal Civil y la Ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, a fin de prevenir la comisión de delitos contra la fe pública y evitar injusticias entre los herederos, además de disminuir la carga procesal.

Delito de colusión: responsabilidad penal del tercero interesado

 

En la sección de Delitos económicos y contra la Administración Pública, Raúl Martínez Huamán sostiene que la colusión se encuentra dentro del marco del delito de encuentro, pues el funcionario y el tercero no actúan de forma paralela, sino que sus conductas concluyen, formando un único sentido de afectación al bien jurídico. Asimismo, José Eduardo Prado Soriano analiza el delito de omitir comunicar operaciones sospechosas, buscando desarrollar sus elementos constitutivos a nivel de tipicidad como de autoría y participación.

Los informes técnicos de la Contraloría General de la República

En la sección Nuevo proceso penal, Hesbert Benavente Chorres analiza los informes técnicos de la Contraloría General de la República, desde su origen de naturaleza administrativa hasta las implicancias jurídicas que devienen de su uso como herramienta probatoria en los procesos penales.

De otro lado, Masiel Galindo Soto estudia si la implementación de las audiencias virtuales en el juicio oral por el COVID-19 colisiona con el principio de inmediación. Finalmente, Carmen Quispe Varela reflexiona en torno a la medida de internación preventiva, destacando su carácter excepcional y centrado su estudio en los presupuestos legales para su aplicación.

Teorías del bien jurídico protegido en el delito de violencia y resistencia a la autoridad

 

En la sección de Doctrina penal, Wilfredo Arturo Robles Rivera propone que el bien jurídico del delito de violencia y resistencia a la autoridad es “la capacidad prestacional de la administración estatal”, la misma que se verá afectada por quienes, con violencia o intimidación, desean impedir o trabar la actividad de funcionarios y servidores que estén brindado servicios públicos.

Jurisprudencia relevante

En esta sección hemos incluido sentencias importantes como el Recurso de Casación N° 1895-2018-Lima Sur, que delimita los criterios de cuantificación del monto de la reparación civil.

Asimismo, el Recurso de Casación N° 1177-2019-Cusco aborda las diferencias entre la tentativa del delito de feminicidio y el delito de agresiones contra la mujer.

Por último, el Expediente Nº 02771-2019-PHC/TC analiza la falta de motivación para demostrar o, por lo menos, permita prever la configuración de uno de los dos supuestos que determinan el requisito de peligro procesal para la imposición de la prisión preventiva.


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