I. Contexto

Corresponde iniciar indicando que ha sido ampliamente comprobado por diversos organismos internacionales que las asociaciones público-privadas (en adelante, las APP) son mecanismos que contribuyen al desarrollo y crecimiento de las naciones, tanto es ello cierto que estas forman parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 17 de las Naciones Unidades “Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”; en específico, en la meta 17.6[1], y la meta 17.17[2].

II. Análisis

En ese escenario, corresponde señalar que el marco de promoción de la inversión privada por medio de APP en Perú es uno de los más desarrollados en Latinoamérica (3° puesto) y en el mundo (5° puesto), conforme lo señalado por The Economist en su ranking llamado Infraescopio 2019. Este ha demostrado tener unos de los mejores marcos normativos, de estabilidad financiera y mecanismos de financiamiento.

Sin embargo, producto de los últimos escándalos de corrupción que se han visto a nivel regional, se ha demostrado que no importa qué tan sólido sea un sistema si las personas e instituciones que forman parte de él no contribuyen a su correcto desarrollo; según The Economist, las mayores desventajas de Perú en materia de APP son 1) proceso de renegociación (puesto 17 de 21), 2) transparencia y responsabilidad presupuestal (puesto 18 de 21) y 3) sustentabilidad o impacto positivos de los proyectos a largo plazo (puesto 15 de 21)[3]. Todo ello ha generado que los funcionarios públicos comiencen a generar sobre cargar burocráticas debido al desconocimiento y/o temor de aplicar las APP y, con ello, se presente demoras en la ejecución de los proyectos producto de la falta de decisiones en aspectos de ingeniería, legales, económicos y sociales.

Ahora bien, independientemente de los problemas de corrupción y los problemas que esto ha generado, también resulta necesario mencionar que nuestro marco normativo, en los últimos años, ha comenzado a mostrar ineficiencias a medida que los proyectos comienzan a presentar mayor complejidad, producto de la amplitud de sectores en los cuales se pueden desarrollar APP.

Efectivamente, a pesar de que contar con un marco general es útil y beneficioso para los Estados, ya que simplifica los procesos y, con ello, las reglas se encuentran centralizadas, existen desventajas de mantener este esquema, más aún, cuando los proyectos comienzan a ser variados y cada vez más complejos.

De manera general, uno de los problemas al contar con un marco regulatorio ancho y general de las APP es que se hace muy complejo el poder generar la adecuada gestión de las partes interesadas (Stakeholders); no se puede olvidar que, en las APP, como todo proyecto, debe de establecerse un adecuado manejo de partes interesadas. Sin embargo, nuestra norma de APP no tiene regulado dichos aspectos generales, por lo que al recurrir a la norma sectorial (en caso exista una dependiendo de la parte interesada), no siempre coincide con la forma de gestionar una APP. Ello genera mayores retrasos.

Así, al contar con marcos de APP diseñados para proyectos en particular con su respectivo proceso de comunicación de partes interesadas, los esfuerzos del desarrollo del proyecto se realizarán de forma más eficiente, siendo que la población directamente beneficiada por el proyecto es la parte interesada más importante de todo proyecto de APP.

Asimismo, otra desventaja es que se hace complicado el poder adaptar un marco regulatorio a varios sectores. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de asociación público-privada en hospitales, he apreciado por experiencia que un proyecto demora, entre la formulación y la estructuración, un promedio de cinco (5) años; dicha demora es producto tanto de aspectos procedimentales de la norma como aspectos técnicos propios del tipo de servicio que deben de adaptarse a los requisitos de un marco regulatorio de APP rígido. Asimismo, a pesar de que nuestra norma establece que existe la posibilidad de realizar proyectos de APP en investigación aplicada y/o de innovación tecnológica, hasta la fecha no se ha podido formular siquiera uno, ya que el marco regulatorio no está preparado para dicho tipo de proyectos.

III. Conclusiones

Entonces, las causas de la caída de los proyectos de APP en los últimos años se deben a dos factores 1) la falta de conocimiento de muchos funcionarios públicos respecto de la forma de aplicarlos, lo cual genera burocracia innecesaria en los procesos de toma de decisiones; ello se suma a que los últimos escándalos de corrupción han generado un rechazo de diversas autoridades en su uso. 2) a pesar de que Perú cuenta con uno de los mejores marcos regulatorios de APP nivel regional y global, se ha llegado a un punto en el cual este debe de evolucionar y generar subdivisiones que permitan dotar de agilidad a los diversos tipos de proyectos según sus requerimientos propios.

Por lo tanto, se requiere que en todos los niveles de gobierno se refuercen las capacidades (conocimientos) de los diversos funcionarios públicos, a efectos de que la toma de decisiones sea realizada de forma más ágil, para que con ello se eviten trabas burocráticas innecesarias y se puedan evitar actos de corrupción. En lo que respecta a la complejidad que viene presentando los proyectos de APP, se deberían establecer marcos regulatorios específicos que dependan del marco general establecido por medio del Decreto Legislativo Nº 1362, a efectos que se establezcan condiciones especiales por sector que permitan dotar de mayor agilidad y eficiencia a los proyectos en beneficio de la población.

Jaime Alfieri Li Ojeda. Abogado por la UPC, magíster en Regulación por la UPC, máster en APP- beca de la OEA en España, Financial Profesional, Certified por la American Academy of Financial Management – Estados Unidos.

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