Acorde al acta fiscal, firmada por el fiscal adjunto Luis Alberto Medina, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, el presidente Pedro Castillo no autorizó el ingreso de los fiscales anticorrupción a la Secretaría de Palacio de Gobierno, a fin de la exhibición voluntaria de documentos.

El Secretario de Palacio, Carlos Jaico, señaló que el Presidente Castillo, directamente, no permitía el ingreso a dicho recinto más sí a otras instalaciones de Palacio.

¿Qué investigaciones en curso existen?

La Fiscalía decidió incluir a Castillo dentro de las investigaciones por la presunta comisión de irregularidades en la licitación para la adquisición de biodiesel.

Existirían evidencias de que el presidente mantuvo reuniones frecuentes con los representantes de las empresas adjudicadas en la licitación, lo que genera sospecha sobre él.

En ese sentido, la Fiscalía se habría dirigido, en primer lugar, a las instalaciones de Petro Perú, para posteriormente acudir a las instalaciones de Palacio de Gobierno a fin de obtener las grabaciones contenidas en las cámaras de seguridad, y confirmar la existencia o no de las reuniones que presuntamente se habrían llevado a cabo. 

¿Obstrucción a la justicia?

El delito de obstrucción a la justicia se encuentra contemplado en el artículo 409-A del Código Penal Peruano, el cual señala que este se configura cuando ‘’mediante el uso de fuerza física, amenaza, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, impide u obstaculiza se preste un testimonio o la aportación de pruebas o induce a que se preste un falso testimonio o pruebas falsa’’.

Pedro Angulo Arana, exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), en una entrevista brindada a Exitosa Noticias, señaló que el impedimento de los fiscales anticorrupción al ingreso a la Secretaría de Palacio de Gobierno podría constituir la comisión del delito de obstrucción a la justicia. Siendo necesario analizar las circunstancias concretas alrededor del impedimento.

En la misma línea, la abogada y periodista Rosa María Palacios comentó en su programa Sin Guion, que el delito de obstrucción a la justicia implica la presencia de elementos particulares, como lo es el hecho de impedir u obstaculizar la aportación de pruebas dentro de una investigación penal.

Por otro lado, señala que un elemento meritorio de análisis sería el considerar si detrás de la diligencia que buscó realizarse en la Secretaría de Palacio de Gobierno existía una orden de allanamiento autorizada por un juez correspondiente, o si se trataba de una diligencia voluntaria, pasible de ser no autorizada.

Asimismo, el penalista Carlos Caro, en una entrevista brindada al portal Perú 21, señaló que la orden de Castillo configura, de manera clara, un acto de obstrucción a la justicia, y advirtió que el Ministerio Público puede solicitar una orden de allanamiento al Poder Judicial. Comentó que el presidente goza de inmunidad personal mas no patrimonial, y cualquier barrera a la investigación implica un peligro procesal.

Poder Ejecutivo se pronuncia

Este 21 de diciembre, el presidente Pedro Castillo informó que él no impidió el ingreso a la Secretaria de Palacio. Negando así el contenido del acta fiscal. Pero, cabe señalar que el acta cuenta con la firma del representante legal del presidente, el mismo que no cuestionó el contenido del acta en su momento, sino todo lo contrario, la firmó en señal de conformidad.

Asimismo, el presidente solicitó que el Ministerio Público levante su secreto bancario, de comunicaciones y tributario. Luego, pidió que la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, le envié el cuestionario de preguntas que pasará en su declaración frente a la Fiscalía el día 29 de diciembre. 

Finalmente, el presidente mantuvo una reunión con la fiscal de la Nación donde informó que mantendrá la mejor disposición frente a las investigaciones en el marco de los delitos de corrupción que lo vinculan.