I. Contexto

En el mes de mayo del presente año se llevarán a cabo las elecciones internas en las organizaciones políticas para seleccionar a sus candidaturas que competirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, las cuales son organizadas y ejecutadas por la ONPE de acuerdo al Reglamento que emite para tal efecto^[1], en concordancia con la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales. 

De acuerdo a la ONPE^[2], de las 170 organizaciones políticas que llevarán a cabo elecciones internas para seleccionar a sus candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales, 100 utilizarán la modalidad indirecta; es decir, sus afiliados elegirán a través de los delegados, previamente elegidos mediante voto universal, para definir las candidaturas. Las otras 70 organizaciones políticas optaron por la modalidad directa; es decir, sus afiliados elegirán directamente a los candidatos en una sola jornada electoral.

Al respecto, los cargos sujetos a candidaturas en estas elecciones internas son de gobernador y vicegobernador regional, consejero regional, alcalde provincial y distrital y regidor provincial y distrital. Cabe señalar que, por primera vez, las Elecciones Regionales y Municipales 2022 estarán precedidas de elecciones internas ejecutadas también por la ONPE, el 15 y 22 de mayo de 2022, para la definición de los candidatos que participarán el 2 de octubre de 2022.

Luego de seleccionados los candidatos de las organizaciones políticas, se realizarán las elecciones municipales el 2 de octubre del presente año, las cuales implican la elección de alcaldes y regidores provinciales, así como distritales y, en el caso de las elecciones regionales, se eligen a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales. 

Estas Elecciones Regionales y Municipales 2022, a diferencia de las anteriores, se dan en un contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que a pesar de que se estén flexibilizando las medidas, el derecho al sufragio debe ir acompañado de las garantías necesarias para proteger y preservar la salud de los ciudadanos.

Lea también: Presentan proyecto de ley que plantea elecciones generales tras vacancia del presidente y vicepresidentes

II. Análisis

Ahora bien, más allá de las autoridades municipales o regionales que resulten elegidas en estos comicios, es importante evaluar cuál será el panorama,  luego de un período de cuatro (4) años (2019-2022), en donde el escenario en muchos distritos y regiones es de inestabilidad económica producto de la pandemia; una fluctuación y crisis política latente; una alta tasa de desempleo e informalidad laboral, acompañada de cierta percepción de inseguridad ciudadana; además de los preocupantes índices de corrupción que es el factor más problemático que enfrenta el país para hacer negocios, entre otros aspectos. 

Al respecto, consideramos que lo primero que deberán atender las nuevas autoridades municipales y regionales será la ejecución de la inversión pública, la cual se ha visto debilitada, siendo que, de acuerdo con la Contraloría General de la República^[3], a inicios de 2022 existen 2369 obras paralizadas, lo que representa la inmovilización de una inversión de S/ 22 453.3 millones, siendo que los gobiernos locales concentran el 72% del número de obras paralizadas y los gobiernos regionales poseen el mayor monto de inversión involucrado con S/ 12 287.4 millones, cifra que, según opinión del actual Contralor, puede aumentar tras el ingreso de nuevas autoridades locales y regionales que traen consigo sus prioridades en gestión pública.

Por su parte, el presidente del BCR, Julio Velarde^[4], indicó recientemente que la “inversión privada el año pasado creció casi 40%, pero en el último trimestre ya creció menos de 3%. La inversión pública está cayendo los últimos 5 meses. Hay componentes, algunos que no tienen que ver con la incertidumbre, sino con el manejo, con la gestión pública misma […]”.

Asimismo, si bien el Portal de Transparencia Económica del MEF muestra los resultados de la ejecución del gasto en proyectos de inversión pública por parte de los gobiernos locales y regionales durante el 2019 a marzo de 2022^[5], estas cifras en la práctica no reflejan la ejecución física, la calidad y la oportunidad de las inversiones, por lo que las autoridades electas, más que buscar la ejecución presupuestal, deben asegurar la conclusión de las obras bajo adecuados estándares de calidad en beneficio de la ciudadanía.

En tal sentido, las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de atender las brechas de infraestructura en el nivel regional y local, sobre todo en los sectores estratégicos de salud, transporte, saneamiento, educación y seguridad ciudadana, vinculados a servicios públicos esenciales para la ciudadanía, con orientación hacia la calidad y en función a las realidades locales y regionales de sus jurisdicciones. Para tal fin, será lo recomendable que prioricen las inversiones que ya cuentan con expedientes técnicos aprobados y que se continúen las obras de alto impacto, así estas hayan iniciado con sus antecesores.

Lea también: Elecciones Municipales y Regionales 2022: ¿Cómo y hasta cuándo altos funcionarios públicos podrán presentar su renuncia o licencia para postular?

Otro asunto prioritario es el relacionado con la reactivación económica del país, respecto a la que, además de depender de la inversión pública antes comentada, debe impulsarse la inversión privada, que es la manera de lograr un crecimiento sano y sostenible, para lo cual se necesitan reglas de juego claras y sin trabas burocráticas, por lo que las nuevas autoridades deberán estar enfocadas en apoyar al empresariado y emprendedores para  impulsar las actividades económicas a nivel local y regional, para el desarrollo de los negocios, con mayor énfasis en materia de licencias de edificación, autorizaciones de funcionamiento, y permisos de actividades comerciales, procurando la simplificación administrativa y la eliminación de barreras.  

Por otro lado, las nuevas autoridades electas deberán tener en cuenta el impacto que trajo la baja recaudación tributaria (predial y arbitrios) en los presupuestos institucionales durante la pandemia, por lo que deberán procurar fortalecer sus finanzas mediante la sostenibilidad fiscal y procurar priorizar el gasto público.

Asimismo, resulta un desafío importante dar respuesta a la problemática de inseguridad ciudadana en este escenario pospandemia,  por lo que los nuevos alcaldes y gobernadores regionales deben realizar un trabajo estructurado y articulado con el ente rector, es decir con la Policía Nacional del Perú,  y aspirar a la modernización, eficiencia y cercanía al vecino, con personal de seguridad capacitados y equipados (serenazgo), utilizando herramientas tecnológicas innovadoras, con estrategias descentralizadas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Además, las nuevas gestiones deberán alinear sus esfuerzos hacia los desafíos del Gobierno Digital que se requiere dentro de los nuevos paradigmas de innovación y transformación digital de cara al administrado, e invertir en el diseño de proyectos tecnológicos, principalmente en trámites y procedimientos administrativos online, acorde a las nuevas tendencias que deja la pandemia. 

A su vez, las nuevas autoridades municipales y regionales deberán adoptar e implementar políticas de integridad y ética institucional, lo que permitirá un trabajo más eficiente en la lucha contra la corrupción, ya sea reforzando las oficinas de integridad institucional, fortaleciendo el mecanismo para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción, entre otras estrategias. 

Lea también: ¿Cuál es el cronograma de pagos de sueldos y pensiones en el Estado para el 2022?

Un punto álgido a considerar por las autoridades electas es que, a diferencia de casos pasados, donde la “nueva gestión” no solo designaba a los funcionarios de confianza, sino que además contrataba a nuevo  personal técnico y especialista, en esta ocasión van a tener gran cantidad de servidores públicos que desarrollan labores de carácter permanente, con contratos bajo el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), que desde la entrada en vigencia de la Ley Nº31131, adquirieron la condición de carácter indefinido^[6]. En ese escenario, los alcaldes y gobernadores regionales deberán trabajar con estos equipos que ya cuentan con la experiencia en el cargo y buscar desarrollar sus planes de acción, respetando los derechos laborales adquiridos. Además, consideramos que lo ideal para tener una buena gestión es que se seleccione al personal más capacitado en los puestos de confianza y apostar por la meritocracia.

Por otro lado, opinamos que las nuevas autoridades electas deberán impulsar el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para la optimización de la recaudación tributaria y mejora de la calidad de los servicios públicos en beneficio de la población, principalmente las relacionadas a enfrentar la crisis sanitaria.

Finalmente, los nuevos concejos municipales,  consejos regionales, alcaldes y gobernadores regionales, deberán adaptarse a la nuevas atribuciones y responsabilidades dispuestas en la Ley Nº31433, publicada el 6 de marzo de 2022, que modifica la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Nº27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, con la finalidad de fortalecer la función de fiscalización. 

Lea también: Elección de magistrados del TC: Comisión del Congreso excluye a 10 postulantes

III. Aporte

 

Con ocasión de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, resulta un importante desafío para las nuevas autoridades electas atender de manera prioritaria la ejecución de la inversión pública debilitada durante tiempos de pandemia y cubrir las brechas de infraestructura en el nivel regional y local, además de impulsar la reactivación económica a través de la inversión privada con un enfoque de apoyo al empresariado.

Asimismo, las nuevas autoridades locales y regionales deberán procurar fortalecer sus finanzas mediante la sostenibilidad fiscal y procurar priorizar el gasto público en la atención de problemáticas como la inseguridad ciudadana, además de invertir en tecnologías acordes a las tendencias que deja la pandemia.  

Además, para enfrentar la corrupción corresponde implementar políticas de integridad y ética institucional, además que, en la etapa de transición, se deberá respetar la condición de permanencia de los servidores CAS y seleccionar al personal más capacitado para asumir los puestos de confianza y apostar por la meritocracia. 

Finalmente, las autoridades electas deberán adecuarse a las nuevas atribuciones y responsabilidades que establece la Ley Nº31433 sobre el fortalecimiento del rol fiscalizador de los concejos municipales, consejos regionales, así como de los alcaldes y gobernadores regionales.   

Mirtha Escajadillo Caballero: Abogada por la PUCP. Maestría en Gestión Pública de la UNMSM.

Alejandro Lagos Cabieses: Abogado por la Universidad de Lima. Maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico.

¿Te gustó este artículo? Puedes acceder a mayor información especializada en la zona exclusiva para suscriptores de Gestión Pública & Control. Suscríbete: [email protected] // +51 (1) 7108900 // 

También invitamos a visitar las redes sociales de Gestión Pública y Control en Facebook (@GesPubyCont), Twitter (@GesPubyCont) e Instagram (@gestionpublicaycontrol).