Desde hace décadas se han emprendido una serie de estudios e investigaciones sobre los problemas agudos que aquejan al sistema de justicia peruano. Desde una perspectiva económica se ha elaborado un interesante diagnóstico que comprende rubros como:

a) capital de trabajo, evaluado con el indicador “ausencia de corrupción”;

b) Gestión de procesos, a través de los indicadores “eficiencia del marco legal para resolver disputas”, “Imperio de la ley-Justicia Civil”, “Imperio de la ler-Justicia Penal”;

c) Transparencia y predictibilidad, analizado en los indicadores: “Automatización de los Tribunales”, y “Transparencia del Gobierno”; y

d) Institucionalidad, evaluado con los indicadores “Índice Global de Impunidad” e “Independencia Judicial”.[1]

Los indicadores facilitan evaluar el mayor o menor impacto de la adecuada gestión de los rubros que permiten monitorear la evaluación de cómo se espera que funcione nuestro sistema de justicia: que se elimine la corrupción, que se desarrollen procesos judiciales eficientes con un adecuado manejo de los recursos humanos, logísticos y procesales, así también que se promueva la predictibilidad de las decisiones, que se fortalezca la transparencia, que se garantice la independencia judicial en el marco del Estado de derecho, en el cual se apliquen las normas nacionales e internacionales a las cuáles se ha suscrito cualquier país. En suma, que cualquier ciudadano que acuda al sistema de justicia para solicitar, exigir, reclamar la afectación de sus derechos vulnerados, merezca la atención debida de los diversos operadores del sistema de justicia (jueces, fiscales, peritos, procuradores, etc.).

En particular, en cuanto se refiere al Poder Judicial el ciudadano aspira y tiene derecho a que su trámite se desarrolle con transparencia, con la observancia de los plazos procesales, y a obtener la decisión del juez o jueza con todas las garantías de que las resoluciones judiciales sean expedidas conforme al mérito de las pruebas actuadas en el proceso y que se haya resuelto fundado en derecho. Una decisión judicial arbitraria, o una resolución judicial ajena a los medios probatorios que obran en el expediente, o que ha sido emitida con demora manifiesta, o que emane de un proceso tramitado irregularmente, o que la resolución judicial no se encuentre motivada en las normas aplicables al caso, son algunos ejemplos de actuación contraria a lo que se espera del Poder Judicial.

Aunado a esos indicadores de valoración económica de las instituciones que integran el sistema de justicia, es interesante y a la vez motivo de preocupación conocer que la posición de nuestro país en el ranking del sistema de justicia mundial, basado en el índice Estado de derecho, se ubica en el puesto 87 de un total de 139 países.[2]

Aún cuando todos los males del sistema de justicia se asocian únicamente al Poder Judicial, obviándose tomar en cuenta la participación de otras instituciones como el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, y el Ministerio del Interior.  No obstante, estimo que, traducido a lenguaje sencillo, la referencia que hacemos a los estudios sobre el impacto en la economía evidencia la necesidad que las instituciones que componen el sistema de justicia sean céleres y eficaces. Que, el centro de atención de todo sistema de justicia es el ciudadano, quien, como usuario y destinatario final, debe obtener una resolución judicial expedida con observancia del derecho al debido proceso y al ordenamiento jurídico.

De otra parte, es común leer en las redes sociales o los medios de comunicación, los diversos cuestionamientos a las actuaciones o decisiones de los jueces, ello es expresión de un sentir, de un requerimiento que debe ser atendido y escuchado. Asimismo, considero que debe conocerse y difundirse con mayor ahínco las buenas prácticas de los jueces, juezas y del equipo humano que integra el Poder Judicial en atender los procesos judiciales que se encuentran en trámite.

Buenas actuaciones y prácticas que se llevan a cabo en todos los distritos judiciales del país, por ejemplo hace unos años el Centro de Estudio de Justicia de las Américas (CEJA)[3] destacó la concentración de actos procesales en la tramitación de las sentencias de alimentos que se elevaban al Segundo Juzgado Especializado de Familia de Tarapoto, a cargo del juez Hugo Rimachi. ¿Qué práctica innovativa hizo el magistrado? Pues advirtió los numerosos actos procesales que se desarrollaban respecto a las sentencias de alimentos que se elevaban en apelación a su juzgado. Así, concentró 15 actos procesales a solo 2 en la tramitación de las sentencias apeladas en materia de alimentos: en la primera resolución emitida al recibir el expediente elevado en apelación disponía la remisión al Ministerio Público para la emisión del dictamen fiscal, asimismo se fijaba la audiencia especial de vista y sentencia de vista; luego, en una segunda resolución, constaba que:

i) se lleve a cabo la audiencia especial de vista o conciliación o sentencia;

ii) la acreditación de las partes;

iii) el último intento de conciliación;

iv) el informe oral y/o por escrito de las partes;

v) se advierte el cumplimiento provisional de la obligación alimentaria por el demandado; y,

vi) una vez aprobada la conciliación, o expedida la sentencia de vista, se ordena en forma inmediata la devolución del expediente al juzgado de origen. En conclusión, si el proceso de apelación de sentencia de alimentos duraba un año y medio, con estas prácticas innovativas el trámite se reducía a menos de tres meses. Igualmente, similares prácticas de gestión de despacho se han implementado en diversas Cortes Superiores, como la Corte Superior de Justicia de Lima en varias salas civiles.[4]

Merece destacarse las jornadas nacionales de descarga procesal que viene liderando, de manera decidida, la presidenta del Poder Judicial, señora jueza suprema doctora Elvia Barrios Alvarado, quien ha canalizado un impulso positivo en la institución.

De otro lado, casi nunca se conoce de aquellos ciudadanos que se encuentran satisfechos con las decisiones judiciales -y está bien que ello no ocurra-, porque es la mejor expresión de que la labor de los jueces y juezas fue imparcial en todo sentido.[5]

La pandemia en el ámbito de nuestro sistema de justicia trajo un efecto interesante que ha consistido en utilizar más y mejor las herramientas digitales. Así, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reaccionó inmediatamente implementando los proyectos de Mesa de Partes Virtual y Notificaciones Electrónicas de manera masiva, incorporando a más órganos jurisdiccionales, pues había que atender al usuario y ello se hizo.

Ahora, luego de tres años de pandemia existe todo un menú de herramientas digitales (Firma digital de los jueces y auxiliares de justicia, Juez te Escucha, Deposito Judicial, Remate Electrónico, Notificaciones electrónicas, etc.). Ello es sumamente importante porque fortalece la transparencia de las actuaciones judiciales y es una medida que va acorde con los rubros del diagnóstico económico que presentamos al inicio de este este artículo.

Entonces, hay buenas acciones, buenas prácticas judiciales, se está laborando en promover trabajos o jornadas nacionales de descarga procesal, se vienen implementando con fuerza la transparencia del quehacer judicial, se está encaminando un uso consistente de las herramientas digitales, acciones todas que se viene haciendo, y que debe continuar, en aras de cubrir las expectativas del ciudadano,  de los usuarios del sistema de justicia, en el fortalecimiento de la institucionalidad del Poder Judicial y en generar un impacto positivo en el país.

Por estas consideraciones, hoy 04 de agosto, Día del Juez,  expreso mi saludo a mis colegas juezas y jueces del Perú.

[1]  Véase Informe de Competitividad 2022, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad, pp.41

[2]  Véase The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2021, Washington DC, pp.11. https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-INSIGHTS-21.pdf

[3] RIMACHI, Hugo. “Una segunda instancia ágil y simple para una efectiva justicia alimentaria en Perú”. En: Centro de Estudio de Justicia de las Américas (CEJA). La Gestión Judicial de los Nuevos Tribunales Civiles.Santiago de Chile, 2019, pp 137-161.

[4] BUSTAMANTE OYAGUE, Emilia. “La oralidad civil en segunda instancia”. En: GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL. Oralidad Civil: Un nuevo modelo procesal, Suplemento Digital Nro.2, Setiembre 2020, pp.13-17 http://blog.pucp.edu.pe/blog/ee15/wp-content/uploads/sites/731/2020/10/Art-2020-09-Suplem-Oralidad-y-segunda-instancia.pdf  http://gacetacivil.com.pe/documentos/Suplementodigital2.pdf?fbclid=IwAR0OVV1QxDi1mgkdW_PMD4M3Ze97coNZ3y6xrPa-eN-7FhvoaFB9jpuJuiw

[5] Es raro u ocasional conocer el impacto de nuestras resoluciones. Hace unas semanas tomé conocimiento de unas palabras positivas a mi persona por haber sido la jueza ponente del caso de indemnización promovido por la mamá del niño autista Brunito fallecido en un accidente de tránsito. Gracias por sus palabras Señora Geraldin Loyola.