Con la finalidad de dotar del marco normativo que refuerce y mejore las condiciones regulatorias para la aprobación e implementación de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados, así como para el proceso de ratificación de tasas ha sido aprobado el Decreto Legislativo 1561, modificando para ello los artículos 36, 36-A, 37, 38 y 44 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo los artículos 40, 41, 43, 44 y 53 del Texto Único Ordenado aprobado mediante el Decreto Supremo 004-2019-JUS.

En el artículo 36 se ha modificado su epígrafe y se ha incorporado el numeral 36.7 (artículo 40 del TUO) señalando:

“Artículo 36.- Legalidad de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad

(…)

36.7 Las disposiciones previstas en los numerales precedentes resultan aplicables para los servicios prestados en exclusividad, en lo que fuera aplicable”.

De igual forma, se ha modificado el epígrafe y el contenido de todo el artículo 36-A (artículo 41 del TUO), quedando redactado con el siguiente texto:

“Artículo 36-A.- Procedimientos Administrativos y Servicios prestados en exclusividad estandarizados obligatorios

36-A.1 La estandarización constituye el proceso promovido y desarrollado por la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con la entidad que cuenta con rectoría en la materia. Permite generar condiciones uniformes para la tramitación de un mismo procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad en distintas entidades públicas a cargo de su atención, con la finalidad de que esas entidades no incurran en prácticas diferenciadas y/o exigencias innecesarias durante su prestación.

36-A.2 Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta de la entidad competente o de la Presidencia del Consejo de Ministros, se aprueban procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades competentes para tramitarlos, las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos. De aprobarse una norma que establezca medidas de simplificación o eliminación de los procedimientos administrativos o servicios prestados en exclusividad, corresponde a la Secretaría de Gestión Pública efectuar las modificaciones en el Sistema Único de Trámites, de oficio o a solicitud de la entidad competente en la materia.

36-A.3 Las entidades del Poder Ejecutivo que hayan emitido y/o emitan disposiciones normativas que contienen procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales, se encuentran obligadas a desarrollar en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros la estandarización.

36-A.4 Las entidades están obligadas a incorporar dichos procedimientos y servicios estandarizados en su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad.

36-A.5 Las entidades solo podrán determinar: la unidad de trámite documentario o la que haga sus veces para dar inicio al procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad, la autoridad competente para resolver el procedimiento administrativo y la unidad orgánica a la que pertenece, y la autoridad competente que resuelve los recursos administrativos, en lo que resulte pertinente.

36-A.6 La no actualización por las entidades de sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos Administrativos dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la norma que aprueba los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados por la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene como consecuencia la aplicación del artículo 49. La norma que aprueba los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados, puede disponer un plazo mayor para la actualización de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos, en aquellos casos en que la estandarización comprenda un número significativo de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, que para su adecuada implementación requiera efectuar adecuaciones en la gestión interna de las entidades obligadas”.

En ese sentido se ha precisado en qué consiste la estandarización de los procedimientos administrativos y de servicios prestados en exclusividad.

También, se han modificado los numerales 37.3 y 37.4 del artículo 37 (artículo 43 del TUO), precisando que tanto las disposiciones para la aprobación de los servicios prestados en exclusividad como los no prestados en exclusividad tiene que ser aprobados mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, quedando redactado con el siguiente texto:

“Artículo 37.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos

(…)

37.3 Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros se aprueban disposiciones para la aprobación de servicios prestados en exclusividad.

37.4 Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades, a través de Resolución del Titular de la entidad establecen la denominación, la descripción clara y taxativa de los requisitos y sus respectivos costos, los cuales deben ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento, respetando lo establecido en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú y las normas sobre represión de la competencia desleal. Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros se aprueban disposiciones para la aprobación de servicios no prestados en exclusividad”.

De igual manera, se han modificado los numerales 38.3 y 38.8 del artículo 38 (artículo 44 del TUO), aclarando que el TUPA y la norma de aprobación o modificación se debe publicar obligatoriamente en el portal web del diario oficial El Peruano «en la misma fecha de publicación de la norma en el diario»; y se precisa que «El proceso de ratificación de los derechos de tramitación de los TUPA de las municipalidades distritales se efectúa a través del Sistema Único de Trámites, de conformidad con la legislación en la materia», quedando redactado con el siguiente texto:

“Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos

(…)

38.3. El TUPA y la norma de aprobación o modificación se publica obligatoriamente en el portal web del diario oficial El Peruano en la misma fecha de publicación de la norma en el diario. Adicionalmente se difunde a través de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano y en la respectiva sede digital de la entidad. La publicación en los medios previstos en el presente numeral se realiza de forma gratuita.

(…)

38.8 El proceso de ratificación de los derechos de tramitación de los TUPA de las municipalidades distritales se efectúa a través del Sistema Único de Trámites, de conformidad con la legislación en la materia. Incurre en responsabilidad administrativa el funcionario que:

(…)

Asimismo, incurre en responsabilidad administrativa el Alcalde y el gerente municipal, o quienes hagan sus veces, cuando transcurrido el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles luego de recibida la solicitud de ratificación de la municipalidad distrital, no haya cumplido con emitir pronunciamiento que se circunscribe a la determinación de la cuantía de las tasas por derechos de tramitación a las que se refiere el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, salvo las tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo es de sesenta (60) días hábiles.

(…)”.

Por último, se modifica el numeral 44.7 del artículo 44 (artículo 53 del TUO) con el siguiente texto:

“Artículo 44.- Derecho de tramitación

(…)

44.7 Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas, siguiendo lo previsto en el numeral anterior, se pueden aprobar los derechos de tramitación para los procedimientos estandarizados, que son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, sin necesidad de realizar actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades están obligadas a incorporar el monto del derecho de tramitación en sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos dentro del plazo establecido en el decreto supremo que aprueba los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados, sin requerir un trámite de aprobación, ni su ratificación”.

En ese contexto, este decreto legislativo establece que el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, en un plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, deberá aprobar los criterios que regulan el proceso de ratificación al que se refiere el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y el numeral 38.8 del artículo 38 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Mientras que, los expedientes de ratificación que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la norma que apruebe los criterios que regulan el proceso de ratificación, son atendidas sin aplicar los referidos criterios.

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