(Fotos: Flickr PCM)
“Nosotros no la hemos propuesto”, fue la respuesta con que se escudó el presidente Ollanta Humala el pasado lunes 4 de noviembre cuando se le preguntó por los beneficios a los que podría acceder Antauro Humala con la llamada «Ley Antauro». En efecto, el proyecto que terminó por convertirse en la
Ley N°30101–promulgada el sábado 2 de noviembre– y que lleva las rúbricas del mandatario y el flamante presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, no fue propuesto en el Congreso por la bancada nacionalista sino por Virgilio Acuña de las filas de Solidaridad Nacional.
Una ley sorpresa
Pero, Humala habría dicho una verdad a medias. La autoría intelectual del proyecto provino desde el Ejecutivo. El 11 de septiembre, un día antes de que el Congreso recibiera y aprobara en el tiempo récord de 7 horas y 26 minutos el proyecto de ley N° 02645, Virgilio Acuña y su compañero de grupo parlamentario, Heriberto Benítez, se reunieron con el expremier Juan Jiménez Mayor según más de una versión conocida por laley.pe. Ambos legisladores fueron citados por Jiménez para encomendarles la promoción del proyecto en el Parlamento que, a su vez, habría sido un misión directa desde Palacio de Gobierno.
El texto del proyecto era puntual. En su artículo único, proponía expresamente que las modificaciones efectuadas por las leyes 30054, 30068, 30076 y 30077 a los beneficios penitenciarios son de aplicación a los condenados por los delitos que se cometan a partir de su vigencia. El proyecto, tal como se planteó, iba a permitir que los reos, entre ellos el hermano del Jefe de Estado, puedan solicitar la libertad condicional a los ¾ de la pena y al cómputo de 7 por 1 que reduciría su pena.
La idea en que se escudó el Ejecutivo para promover la iniciativa era que se quería “corregir un error” debido a que el pasado 19 de agosto, el Pleno aprobó la Ley contra el Crimen Organizado, norma que fijaba reglas y procedimientos para investigar, juzgar y sancionar delitos cometidos por bandas criminales y eliminaba sus beneficios penitenciarios.
Jiménez habría convocado a ambos parlamentarios directamente y sin permiso de su grupo político. La confirmación de la reunión con el expremier fue uno de los motivos fundamentales por el que se separó a Acuña de la vocería de su bancada, según versiones de dirigentes de Solidaridad Nacional que conoció este portal.
Otro de los personajes claves para la promoción del proyecto fue Julio César Magán Zevallos, vicepresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Tal como declaró Heriberto Benítez a un diario, Magán les solicitó a tres congresistas (Acuña, Benítez y Vicente Zeballos) de SN presentar el proyecto de ley el mismo jueves 12 por la mañana, la reunión se produjo en el Congreso. Magán es un personaje muy ligado a Fredy Otárola, presidente del Congreso.
Hasta el cierre de esta nota, laley.pe intentó obtener la versión de los congresistas mencionados.
Ley express
No solo resulta curiosa la posible coordinación previa entre los legisladores y el entonces titular de la PCM, sino el diligente e inusual trámite en el propio Congreso. Como titular de la iniciativa, Virgilio Acuña presentó el proyecto el 12 de septiembre –el mismo día del pleno– a las 10 y 25 de la mañana que fue firmado por siete congresistas, además de Acuña: Heriberto Benítez Vicente Zeballos, Gustavo Rondón, Esther Capuñay, Martín Belaunde y Enrique Wong.
La primera congresista en retirar su firma fue
Esther Capuñay a las 3: 34 de la tarde, minutos antes de que la Junta de Portavoces, a las 3:43 de la tarde, decidiera
exonerar la iniciativa del envío a comisión, en este caso a la Comisión de Justicia; es decir, el proyecto pasó directamente al Pleno para su votación. Se requieren 78 votos y se lograron 85 (votaron a favor las bancadas de Gana Perú, Perú Posible, Acción Popular – Frente Amplio, Solidaridad Nacional, PPC-APP y Concertación Parlamentaria).
El acuerdo de la Junta de Portavoces para exonerarlo de comisión se hizo de forma virtual (no hubo una reunión presencial sino que el documento pasó por los voceros para su firma) fue presentado a las 3:51 pm a la Oficialía Mayor del Congreso. Entonces, el proyecto quedó expedito para su discusión y votación debido a que no solo se le exoneró del trámite de comisión y dictamen sino se colocó en la agenda para que ingrese al Pleno.
A las 4: 40 pm, un grupo de congresistas de la bancada nacionalista liderados por Tomás Zamudio, presentan ante la Presidencia del Congreso una
carta de adhesión al proyecto. Ya ante el inminente retiro de firmas de otros congresistas.
Misterioso Eguren
Es curioso que a las 4:53 pm, el congresista del PPC-APP Juan Carlos Eguren presente en el Pleno–en su condición de presidente de la Comisión de Justicia– presentó un
texto sustitutorio de la iniciativa legislativa, que fue el que finalmente se votó. ¿Quién lo redactó? ¿en qué tiempo? ¿cómo supo Eguren que venía un proyecto? ¿por qué se allanó a la exoneración? Misterio.
Un minuto después a las 4:54 pm el congresista
Martín Belaunde retira su firma, veinte minutos después a las 5:15 pm le sigue los pasos su colega
Gustavo Rondón. Desde las filas del Apra,
Javier Velásquez Quesquén decidió también retirar su firma (a las 5:58 pm) del acuerdo de la Junta de Portavoces.
Proyecto fantasma
De acuerdo al inciso 2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso para presentar un proyecto de ley se necesitan por lo menos seis congresistas – en el caso de los Grupos Parlamentarios conformados por un número de integrantes superior a seis parlamentarios—; y de la mayoría de sus miembros en el caso que el grupo esté conformado por 6. Resulta curioso que pese a que tres de los siete congresistas firmantes hayan retirado su firma, el proyecto haya seguido caminando. Caminó solo.
Ya en el debate, a las 6:08 pm se vota la cuestión previa para que el proyecto de ley pase por la Comisión de Justicia, como lo propuso Martha Chávez. Pero el pedido es rechazado por 47 votos en contra y 44 votos a favor y 0 abstenciones. Con la misma asistencia, a las 6:12 pm se aprobó el proyecto con 50 votos a favor, 36 en contra, 5 abstenciones y 1 voto blanco. Con el voto a favor de SN, UR, AP-FA, Gana Perú y PPC-APP. Toda una ley sorpresa.
De esta forma, quedó aprobado el proyecto de ley y pendiente para la segunda votación, la que se produjo el 10 de octubre a las 7:02 de la noche y fue aprobado por 43 votos a favor, 21 en contra y 13 abstenciones. Esta vez contó con la adhesión de los votos de la bancada fujimorista.
¿Esta inusual celeridad responde a una cuestión de azar en la historia parlamentaria o se debe a algo más? La respuesta a esta pregunta no se encuentra en el cómo se produjo esta ley sino en el porqué.
Un porqué que será revelado por laley.pe en una próxima entrega.