La resolución 9/2014, notificada al Estado peruano, señala que la CIDH considera que el pedido no corresponde de ser analizado mediante una medida cautelar y, además, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, confirmó que las peticiones con respecto a la violación de derechos colectivos y medio ambiente no tienen espacio de estudio. Dicha resolución ya es de conocimiento por el Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio del Interior. 

Por su parte, la defensa peruana se pronunció acerca de los esfuerzos por armonizar los intereses legítimos de los peruanos y peruanas que aprovechan los recursos naturales y que pudiesen resultar afectados por alguna de estas actividades. Una vez conocido el rechazo de la Comisión, las organizaciones demandantes solicitaron protección para la vida e integridad de las personas que se oponen al proyecto Conga.