Los medios de comunicación han informado que el lunes 14 de julio diversos ronderos del distrito de Macusani, provincia de Carabaya (Puno), retuvieron contra su voluntad a Eliana Mamani Arias, jueza de Investigación Preparatoria de la provincia de Carabaya. Es más, la humillaron y obligaron a ponerse de rodillas en plena vía pública, así como a pedir disculpas a todo el poblado. La razón: no dictó prisión preventiva a un confeso violador. 

Más allá del criterio equivocado o no que utilizó la jueza para no ordenar la detención del presunto violador, el acto cometido en su perjuicio constituiría el delito de secuestro, tipificado en el artículo 152 del Código Penal, el cual prevé una sanción penal para quien prive a otro de su libertad personal sin motivo ni facultad justificada, sin importar el móvil o el propósito de la privación de la libertad, ni el tiempo en el que haya sido detenido.

Dicho artículo también prevé una sanción mayor si el agraviado es un funcionario público (como lo es la mencionada jueza) por lo que la pena que pudieran recibir los comuneros podría ascender hasta los treinta años de prisión.

Mientras era retenida por los comuneros, Mamani Arias argumentaba que, según el nuevo Código Procesal Penal, los jueces no pueden ser investigadores de los diferentes casos que se llevan y, por ello, de haber dictado prisión preventiva en contra del acusado habría incurrido en una falta legal.

También explicó que no tiene interés personal alguno en dicho caso, y que actuó de acuerdo a la normativa vigente. Pidió a los enardecidos pobladores que no tomasen la justicia por sus propias manos y que comprueben que ella no realizó cobros a los familiares del acusado para dejarlo en libertad.