Hoy, 20 de noviembre, se conmemora el 25° aniversario de la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, día en que Perú se suscribió a este convención. Cuestión aparte si días atrás Unicef reconoció a distintas personalidades peruanas por su contribución a las políticas en favor de la niñez y adolescencia, cabe cuestionarse cuál es la situación actual de los derechos de los menores de edad, de qué manera el Estado los protege, y si existe alguna normativa clara y precisa para preservar los derechos de todos ellos.

Haciendo un breve recuento de la legislación a favor de los infantes, el Código de los Niños y el Adolescente fue publicado en 1992 en el diario El Peruano, en donde se consagró el interés superior del menor. Posteriormente, el 7 de agosto de 2000, se promulgó un nuevo Código y se introdujo, entre otros puntos, un mecanismo de transferencia al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social la competencia para la realización de todas las deligencias previas a la declaratoria de abandono de una niña, niño o adolescente.

Todo menor de edad goza de derechos civiles, económicos, sociales y culturales, y entre los principales tenemos los que se refieren a que todo niño tiene derecho a la vida e integridad, así como una atención del Estado desde su concepción, a vivir en un ambiente sano y a velar por su integridad. Todas estas premisas, son de suma importancia; sin embargo, a lo largo de los años, los legisladores han ido analizando vacíos en la normativa.

Pendiente de regular

A pesar de estas regulaciones antes mencionadas, hace más de un año, el Congreso de la República tiene en su agenda debatir el dictamen favorable de la Comisión de Justicia de una reforma al Código del Niño, Niña y el Adolescente; sin embargo, hasta ahora, no hay cuándo se fije día y hora para su discusión en el Pleno del Parlamento.

Unicef ha venido denunciando la intención de eliminar en este Código derechos muy importantes para los infantes. Entre las principales preocupaciones destacan el derecho a opinión y participación, el castigo físico y humillante, el derecho a la salud sexual y repordutiva a los mayores de 14 años, y la ausencias de una lenguaje inclusivo.

Como primer punto que desarrolla el programa que pertenece a las Naciones Unidas se encuentra el que recortaría el derecho a la participación y opinión de los niños, niñas y adolescentes; debido a que limita su ejercicio solamente bajo la supervisión de los padres, y únicamente en el ámbito de la familia y de la escuela.

Un segundo punto se refiere a que no se incluye la prohibición expresa de la violencia sexual y del castigo físico y humillante. Así como que no se hace referencia expresa a la prohibición de la violencia sexual contra la niñez y adolescencia. Además, tampoco se prohíbe de forma expresa el castigo físico y humillante como mecanismo de corrección o disciplina, ya que so se elimina el término «corrección moderada».

Asimismo, como último punto, Unicef observa que este nuevo Código, que se encuentra estancado en el Parlamento, indica que los adolescentes solo podrán acceder a información sobre salud sexual y reproductiva con autorización de sus padres, es decir, limita el rol de la escuela en la educacin sexual de los alumnos.

Parece que aún hace falta atender las necesidades que enfrentan los niños, niñas y adolescentes del país, a pesar de que se anuncia logros significativos. La reducción de la mortalidad infantil de 79 a 18 por cada mil niños menores de 5 años, o la disminución de la carencia de registro de nacimiento de niños hasta los 5 años, de 16% en el 2004, al 4,4 % en el 2012, son algunas de las mejoras que se han hecho evidentes.

La mejor forma de celebrar la suscripción a un Convenio tan importante como es el de los Derechos del Niño, sería tomando en cuenta el Código que ampara a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, y lograr llegar a un concenso para emitir normas que salvaguarden la integridad y el pleno desarrollo de nuestras generaciones.