En los últimos meses se han publicado diversos informes o encuestas recogiendo la percepción que tiene el ciudadano de a pie de nuestras principales instituciones, entre ellas las que podríamos calificar de tutelares. Entre éstas, el Congreso de la República y el Poder Judicial aparecen en último lugar; muchas veces en curioso empate técnico. Otras, compitiendo por no estar en el último lugar. Y esto no es reciente. Por el contrario, se agrava con el tiempo. Y al parecer, no tiene visos de ser solucionado, por lo menos por ahora.

Por cierto, nos referimos a la institución en cuanto tal; en el primer caso el Congreso de la República es un colegiado, que tiene 130 miembros y no todos ellos merecen estar en el último lugar. El Poder Judicial es un caso curioso: órgano piramidal, jerárquico, con autonomías horizontales, tiene de todo en su seno. Desde una celebridad hasta el tristemente célebre juez de La Parada – convencido de que su mamarracho de sentencia era una cátedra jurídica, como lo sostuvo en una entrevista televisiva -.Pero volvamos al Congreso.

Esta institución representativa tiene  toda una historia. Y ha cambiado mucho en todas partes y también entre nosotros. La Constitución de 1979 le quitó una de sus armas letales: la iniciativa en el gasto, pues con ello se fomentaba el clientelismo y el desorden fiscal. Y le redujo la capacidad legislativa, que ahora la comparte con el Ejecutivo (a través de decretos de urgencia y decretos legislativos).Tiene sin embargo, tres cometidos importantes. Fiscalizacion, control político  y legislación.

La fiscalización se hace generalmente investigando asuntos vinculados con el Poder Ejecutivo y otras ramas del aparato del Estado. No de los particulares, como a veces se ha interpretado, sino del poder central. Dentro de esta labor de fiscalización, juegan un rol importante las comisiones investigadoras, que funcionan en todas las democracias modernas. Lo único malo es que estas comisiones se han convertido en un espectáculo para las barras del hemiciclo y para los medios, que gozan con lo que ellas hacen, dicen y dictaminan sobre cualquier tema.

La Constitución es muy clara al decir que ellas se forman para la investigación de cualquier asunto de “interés público”, con lo cual entienden que todo cabe dentro de este enunciado. Lamentablemente, el concepto de “interés público” no lo inventaron para calificar un partido de futbol, sino para calificar algo que está referido  con el Estado, directa o indirectamente (delitos, asuntos penales, obligaciones internacionales, gasto público, contratos públicos, etc.). Esto como opuesto al “interés privado”, que es lo que toca y corresponde a los particulares, o sea, al hombre común y corriente. 

Un asunto de un club deportivo no es  de interés público sino de interés privado, por lo menos en principio. Pero nuestros congresistas han interpretado alegremente la Constitución, y ahí donde ésta dice “interés público” lo entienden como “interés del público”, con lo cual los problemas de una vecindad como la del Chavo del 8  podría también  ser investigado por el Congreso. Así, el Congreso se llena de comisiones, que en el 80% de las veces no conducen a nada, y más aun, se sienten autorizadas a violar el debido proceso, como si a ellas no les alcanzase este principio fundamental. Esto no es reciente: sucede desde 1980 y numerosos estudios desde que Enrique Bernales hizo el suyo así lo demuestran. Peor aun cuando duplican gastos y dinero del Estado en investigar asuntos que están en el Ministerio Público o en pleno proceso judicial. Con el agravante de que lo que resuelven no sirve para nada. O dicho elegantemente, no tiene valor vinculante. Pero se insiste en ello. Lo más reciente –por lo alharaquiento del caso – es lo de la Federación Peruana de Futbol, que causó indignación en la opinión pública. Pero al margen de esto… ¿que tenía que ver el Congreso con este tema?.

El control político es otro rubro importante. Lo más saltante de ello son las continuas invitaciones que son objeto los ministros de Estado para que asistan al Congreso a informar o a dar explicaciones. Parte importante del control son las interpelaciones y los votos de censura. Y también del mal llamado “voto de investidura” (propio de los regímenes parlamentarios y no del nuestro en donde el parlamento no inviste a nadie) en donde se han visto recientes casos de “jaque”  o “arreglos” para que se dé un “voto de confianza” al nuevo gabinete, requisito indispensable para que pueda continuar en funciones, pues de no ser así, no le queda más remedio que renunciar.

La labor de legislación es la función clásica de todo congreso. Es quizá lo más típico que tiene y también lo más devaluado. Peor aún, cuando las mejores leyes  son preparadas por comisiones técnicas o   por el Ejecutivo a través de sus asesores. Y atenuado por los decretos legislativos – que es en puridad legislación delegada – y los decretos de urgencia, de los que el Ejecutivo ha abusado en más de una oportunidad –y esto desde los años ochenta -.

Ahora  bien, el Congreso no solo ha dejado de ser el legislador por excelencia, sino que ni siquiera controla la legislación que otros hacen en su nombre. Los gruesos paquetes de decretos legislativos  que de vez en cuando promulga el Ejecutivo previa autorización por el Congreso, rara vez son revisados por éste. A veces, ni siquiera por el forro. Y lo mismo podemos decir de los decretos de urgencia, algunos de los cuales, ante la incompetencia del Congreso, son impugnados por un grupo de congresistas ante el Tribunal Constitucional. Esto demuestra, pues, que esta histórica y esencialísima competencia casi ni la ejerce.

El Congreso como institución – más allá de episodios aislados o personalidades sobresalientes – no ha hecho más que devaluarse en los últimos treinta años. Cada vez elegimos peor. Y si no se hace algo, el próximo que se instale en el 2016, seguirá en la cascada, es decir, será peor que los anteriores. Hagamos votos para que no sea así.