¿Cuál es el balance de la Comisión de Justicia al término del primer periodo de la Legislatura 2014? 

— Un primer objetivo que se propuso la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y finalmente lo cumplió  fue las reformas integrales de la legislación, y un segundo fue relacionado con normas vinculadas a la lucha contra la corrupción. Estos son dos ámbitos importantes.  

Dentro del primer objetivo ya tenemos aprobado por la Comisión el nuevo Código Penal, y ahora nos encontramos en la etapa de difusión. Tenemos enero y todo febrero para recibir opiniones, críticas, sugerencias y aportes. Por tanto, vamos a difundir el texto en facultades de Derecho, en universidades, a través de las redes sociales; incluso, estamos trabajando para que salga una separata especial, una prepublicación en el diario oficial El Peruano. Lo que se busca es recibir la mayor cantidad de aportes. Con estas contribuciones se corregiría, mejoraría, ajustaría lo que haya que hacer, para que a partir de marzo, comenzar el debate para su aprobación en el Pleno.

De otro lado, también tenemos es el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes… 

Pero tenemos entiendo que el dictamen sobre el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes ya se arrastra de la Legislatura anterior… 

— Es cierto. Ya lo venimos arrastrando de la Legislatura anterior; no obstante, eso ahora ha dado lugar a dos tipos de dictámenes: uno en mayoría y dos en minoría. Lo que ahora se está trabajando y coordinando es unificar las dos posiciones lo más pronto posible, antes de que se inicien los debates en el Pleno del Congreso. Creemos que es prioritario en esta segunda legislatura abordar y aprobar este Nuevo Código. 

Y con respecto al segundo objetivo que usted menciona en relación a la lucha contra la corrupción, ¿cuántos dictámenes aprobaron la Comisión de Justicia sobre esta materia? 

— En lucha  contra la corrupción tenemos ocho dictámenes aprobados, pendientes de debate y aprobación en el Congreso, y además está pendiente una segunda votación de otro dictamen. Lamentablemente, hemos estado pidiendo sistemáticamente que se agenden con prioridad o, en su defecto, se haga un pleno temático para poder abordarlos en su integridad y en conjunto; sin embargo, no se ha podido. La Mesa Directiva no lo priorizó como hubiésemos querido, pero de todas maneras en la siguiente Legislatura tiene que ser parte de la agenda. 

El Pleno del Congreso aprobó en primera votación una reforma parcial al Código Civil. ¿Qué se busca con esta sustitución de 40 artículos y derogatoria de otros 7 de este compendio de normas jurídicas? 

— El objetivo es actualizar el Código Civil, corregir o mejorar algunos artículos en el ámbito de técnica legislativa. Donde hay más carga de reformas es en todo el ámbito de registros públicos; por tanto, hay una simplificación del número de registros, y dentro de una óptica de dotar de mayor seguridad a la fe pública notarial y a la difusión pública a través de registros, se da una simplificación más adecuada a la época actual.

Por ejemplo, en el Código Civil vigente no cabía la posibilidad de registrar bienes futuros, y todos sabemos que en este ‘boom inmobiliario’ hay muchísima gente que compra bienes futuros, edificios que todavía no se han  construidos, pero ya ha sido comercializados, y había cierta informalidad en ese manejo. Entonces, se está haciendo la modificación, actualizándolo a nuestra propia realidad.

¿No cree que las modificaciones importantes al Código Civil requieren de un debate más exhaustivo? 

— Luego de la aprobación en primera votación en el Parlamento, no hemos solicitado la exoneración de la segunda votación, precisamente para dar espacio y tiempo a que los juristas la vean, la analicen, critiquen y aporten al texto. Por tanto, cuando lleguemos a la segunda votación del texto, este se habrá socializado en el mundo jurídico, pues se habrá permitido la participación de los que puedan estar a favor o en contra de las modificaciones. Esta es una labor muy técnica, que ha costado mucho esfuerzo, trabajo y tiempo; y lo que queremos evitar es que una vez que se aprueben, se comiencen a presentar proyectos de ley para modificar lo que acabamos de modificar. 

LaLey.pe tiene registrado que el Código Penal ha sido modificado casi 600 veces, ¿en la Comisión de Justicia y DD.HH., cómo se ha hecho frente a este sistemático cambio de la norma? 

— Es cierto. En el caso del Código Penal, que data de 1991, es decir tiene 23 años, ya se han presentado más de 500 reformas, y sin contar con los cerca de 140 proyectos de ley que se han acumulado a esta reforma del Código Penal que hemos impulsado. Entonces, si no lo discutimos como debe ser, cuando se apruebe el nuevo código, a la semana pueden ingresar nuevas iniciativas legislativas para seguir modificando el ya consensuado. Sería una historia de nunca acabar.

También es importante destacar que en la Comisión de Justicia del Congreso han intervenido tres comisiones especiales de reforma del Código Penal y dos grupos de trabajo; y así hemos llegado a un dictamen consensuado entre el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia.  

Entonces, ¿qué propone usted para no modificar constantemente los códigos, en este caso el Código Penal? 

— Cuando existen tantas modificaciones, hay problemas de tipificación, de sistemática, de concordancia, desproporción de las penas. Además, tenemos una legislación penal dispersa, porque por un lado está el Código Penal, por otro, la Ley de Delitos Informáticos, Ley de Lavado de Activos, Ley Tributaria Penal, y la Ley Aduanera Penal. Entonces, lo que proponemos y buscamos es un código integrado, donde todas las materias penales estén unificadas en un solo texto, con una adecuada sistemática, proporcionalidad y tipificación. Para que este nuevo Código Penal tenga estabilidad es importante difundir, recibir críticas que nos hagan ver los errores antes de que lo aprobemos y no después.

¿Cuáles son los obstáculos que la Comisión de Justicia ha enfrentado para llevar adelante las reformas legislativas?

— La inmensa mayoría de congresistas no necesariamente son abogados, y muchos se resisten a la aprobación  de textos porque no comprenden o no están seguros de la necesidad de su reforma. Como hay la vorágine de sacar leyes, los debates toman largas etapas y varias sesiones. Entonces, hay una vieja actitud de ‘patear’ hacia delante. Decir después lo vemos, en la próxima sesión o legislatura, y así se va dilatando el debate. Tenemos que lograr un compromiso político para generar credibilidad y confianza en el trabajo que se realiza en la Comisión de Justicia, y que de alguna manera se produzca un voto de confianza, más que un voto o debate de artículo por artículo, lo cual sería inmanejable e imposible de hacerlo.

¿Cree que la actual gestión de la Comisión de Justicia logrará llegar a cubrir las expectativas de la ciudadanía en cuanto a la labor congresal?

—  Los códigos civil, penal, procesal, entre otros, en su inmensa mayoría, han sido dados por decretos legislativos del Poder Ejecutivo; debido a que el Congreso no avanzaba, o finalmente daban una ley de delegación de facultades al Ejecutivo para que sea este quien modifique los más importantes textos jurídicos. Eso ha sido parte de nuestra historia legislativa; sin embargo, nosotros queremos remontar esa historia. Queremos demostrar que en el Congreso sí se pueden hacer trabajos serios, integrales, completos, y de fondo; y lograr así su aprobación desde el propio Parlamento.