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El Congreso no sabe nada sobre las reservas internacionales

El Congreso no sabe nada sobre las reservas internacionales

Una vez al año, en torno al mes de septiembre, el presidente del BCRP, Julio Velarde, visita el Congreso de la República. Lo hace para presentarse ante la Comisión de Economía, donde ofrece una exposición sobre la situación económica del país. Lejos de cualquier sofisticación, el asistente de Velarde saca una memoria digital (pendrive), abre una presentación de PowerPoint, y comienza a pasar diapositivas mientras su jefe las comenta, una por una.

Por Redacción Laley.pe

lunes 9 de diciembre 2013

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(Fuente fotografía: RPP).


Este año fueron un total de cincuenta, y versaban principalmente, como todos los años, acerca de la situación de la economía internacional, los indicadores de las economías emergentes, y la evolución de la actividad económica en el Perú. Todo muy macroeconómico, en resumen.


Una vez acabada la exposición, satisfechos los congresistas ante la perspectiva ofrecida, se inicia un turno de preguntas. Es breve, y el congresista más activo suele ser ‘Vitocho’ García Belaunde. Entre las preguntas formuladas a Velarde, en cualquier caso, ninguna hace referencia a las diapositivas 28 y 29. Allí se encuentra, expresado en cifras, el dinero de todo el Perú: sus Reservas Internacionales (RIN). No son pocas, pues según cifras oficiales, actualmente ascienden a US$ 66,226 millones de dólares.

El mapa legal del tesoro. 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tiene entre sus funciones, por mandato constitucional, “administrar las reservas internacionales a su cargo”, para lo cual “puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios”. El modo concreto en el que debe hacerlo no aparece especificado en ningún lugar.

Aparece, de forma general, tanto en la ley orgánica del BCRP como en su propio Reglamento, donde se recoge que esa administración la realizará el Directorio en torno a los criterios de “seguridad, liquidez y rentabilidad”. También menciona el seguimiento de “usuales y sanas prácticas bancarias”. Para tal fin, se designa a una Gerencia de Operaciones Internacionales y al Departamento de Evaluación del Desempeño y Riesgos Financieros.

Más allá de esos criterios, el conocimiento que se puede obtener es prácticamente nulo. No, al menos, si uno se limita, como en el caso de los congresistas, a dos diapositivas. Tampoco a lo que publica oficialmente el BCRP. Sí, en cambio, si se hace uso de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Efectivamente, tras un pedido de laley.pe, el BCRP informa de manera algo más detallada acerca del manejo de las reservas. Destaca, por ejemplo, que sus prácticas al respecto toman como base las directrices para la gestión de reservas de divisas del Fondo Monetario Internacional (Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management. FMI, 2013), y que gestiona los riesgos financieros en base al riesgo de liquidez, el riesgo de crédito, el riesgo cambiario, y el riesgo de tasa de interés.

Cuestionado, sin embargo, preguntado sobre el destino de las reservas, el BCRP calla, argumenta ese silencio, y apela a una excepción de la propia Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Correctamente?

El mapa real del tesoro. 

La creencia popular dice que las reservas del país están almacenadas, a buen recaudo, en la bóveda del BCRP. De ser así, ese dinero no se diferenciaría mucho del que muchos peruanos guardan bajo de su colchón y, consecuentemente, no rendiría lo más mínimo. Por esa razón fundamental, entre otras, las reservas se encuentran en otros sitios.
 

Según la última edición de la Nota Semanal (Nº 43), reporte de carácter público que emite el BCRP, de los US$

66,561 millones con los que cuenta el ‘chanchito’ nacional —cantidad más actualizada que la mostrada por Velarde en el Congreso durante el mes de setiembre—, US$

11,414 millones se encuentran en “Depósitos” constituidos bajo modalidades “a la vista” y “a plazo” en bancos en el exterior. 

El grueso del monto total, sin embargo, está divido entre: “Valores” de corto y largo plazo emitidos por el Tesoro de los EE.UU., el Banco de Pagos Internacionales (BIS), organismos supranacionales, entidades públicas extranjeras y otros valores con respaldo soberano de gobiernos. Se trata, concretamente, de US$ 51,829 millones.

Aparte de esto, el BCRP no dice nada más. Se desconoce la distribución que ha experimentado esa cantidad, o bajo qué modalidad se encuentra ‘colocada’. Es decir, si esos millones están ‘colocados’ a corto o largo plazo, cuántos se encuentran en el BIS, en los organismos supranacionales, o en otros valores con respaldo soberano de gobiernos de países como EEUU., Brasil, o vecinos nuestros como Ecuador, Bolivia y Venezuela. ¿Es lo mismo depositar el dinero en un banco o en otro? ¿En este país o en aquel?.

Son respuestas que, según el propio BCR, no pueden ser contestadas. En su respuesta a nuestro pedido explica que, por una cuestión de seguridad nacional, las reservas se encuentran depositadas en una selección de entidades y plazas financieras que cuentan, en sus respectivos países, con jurisdicciones donde se protege el secreto bancario.

Agrega que “la experiencia peruana y extranjera de acciones de acreedores de diversas entidades públicas que han intentado embargar las reservas internacionales obliga” al BCRP a examinar «las seguridades legales» que ofrecen sus contrapartes o el lugar donde éstas se encuentran.

Concluye, por tanto, que “si el Banco Central publicara el detalles de las inversiones (nombre del banco, modalidad y plazos), cesaría la protección del secreto bancario en las jurisdicciones externas y expondría a un alto riesgo sus activos internacionales”.

 

Por si este argumento resultara insuficiente, el BCR se encarga también de advertir que esa información no detallada no puede hacerse pública, de manera legal. En ese sentido, alega que los detalles de las reservas internacionales se incluyen entre las excepciones a la ley de transparencia, que se especifican en el artículo 17 de la misma. En su respuesta a la ley.pe, el BCRP dice que los numerales 1 y 2 de esa ley justifican su silencio.

Sin embargo, esos numerales solo hablan, respectiva y específicamente, de la información que “contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de decisión de un gobierno”; y de “la información protegida por el secreto bancario”. Es decir, ninguno hace mención directa a las reservas internacionales. El BCRP interpreta así que dentro de esas excepciones, se encuentra la suya propia. 

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Un congreso descuidado. 

Llegados a este punto, si se atiende a la importancia nacional de las reservas, así como a los motivos que esgrime el Banco Central para no hacer públicos los detalles sobre su manejo, cabe preguntarse por la ausencia de una normativa acorde a esta circunstancia. Si el ciudadano peruano no puede acceder a esa información, por los motivos de seguridad expuestos, la lógica dicta que esa excepción debería estar recogida específicamente en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lo que nos lleva a otra conclusión: el Congreso no trata el asunto con la diligencia y la seriedad que este merece. No solo por la falta de legislación que no aporta, sino especialmente porque esas dos diapositivas no pueden bastar para fiscalizar el trato que exige el dinero de todo un país. Al fin y al cabo, se trata de US$ 66,226 millones. No es, precisamente, ripio. Uno esperaría que cuando menos en una sesión reservada y con los recaudos técnicos correspondientes, el Congreso cumpla en este tema su función de control.


Existe, además, un funesto precedente en la historia peruana, que debiera alertar a los congresistas sobre la necesidad de tomar más en serio la situación de las reservas. Un precedente que, vista la endeble institucionalidad peruana, harían mal en tomar a la ligera.

 

El fantasma del BCCI
En mayo de 1986, el BCRP, entonces dirigido por Leonel Figueroa y Héctor Neyra, presidente y gerente respectivamente, depositó —según informes periodísticos de la época— más de US$200 millones en el Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), entidad que acabó por protagonizar uno de los mayores escándalos bancarios de la historia, al actuar como una gigantesca lavadora de dinero y estar involucrada en numerosas actividades criminales. Tanto Neyra como Figueroa
—según esas mismas informaciones cobraron cerca de tres millones y medio de dólares por el ingreso de ese depósito, y fueron condenados por un delito de fraude, en un escándalo que incluso salpicó al gobierno aprista.

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