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Establecen criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales

Establecen criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales

El que la debe, la paga. Incluso si se trata del Estado peruano, tan dado a demorarse en los pagos por sentencias judiciales resueltas en su contra. La Ley Nº 30137 trata de ordenar el orden en el que esos pagos se deben producir, a partir de criterios de priorización.

Por Redacción Laley.pe

lunes 30 de diciembre 2013

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[Img #2502](Foto: referencial).

Estos, básicamente, deberán ordenar el pago por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, en función al siguiente orden: materia laboral, previsional, víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos humanos, otras deudas de carácter social y otras deudas. Asimismo deberán considerarse aspectos como la fecha de notificación, la edad de los acreedores y los montos de obligación, en ese orden. 

Por otra parte, la ley se encarga de priorizar a los acreedores individuales cuya deuda sea menor o igual a las 5 Unidades Impositivas Tributarias (UITs). De ahí, el orden será correlativo, de 5 a 10 UITs, de 10 a 20 UITs, de 20 a 50 UITs, y por último, cuya deuda sea superior a las 50 UITs. Las deudas superiores a las 50 UITs, serán pagadas proporcionalmente al saldo disponible y al orden de prioridad antes señalado. 
Se dispone, además, que dentro de los treinta días calendario siguientes de concluido cada trimestre, las entidades públicas deberán publicar en sus portales institucionales la relación de beneficiados con el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. 
Cabe precisar que todo pago realizado por las entidades en virtud de sentencias judiciales firmes, será reportado por la Oficina General de Administración del pliego, o la que haga sus veces, al procurador público respectivo, el que a su vez reporta periódicamente a la instancia judicial a cargo del proceso, a fin de actualizar las liquidaciones de deuda correspondientes. El procurador público comunicará a la Oficina General de Administración del pliego, o la que haga sus veces, la actualización de deuda realizada por la instancia judicial a cargo, con la finalidad de evitar pagos en exceso. Dichas obligaciones son cumplidas bajo responsabilidad. 
Para efectos del pago del monto correspondiente a las sentencias judiciales evaluadas por la Comisión Multisectorial Evaluadora de Sentencias Judiciales, se ha autorizado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, efectúe modificaciones presupuestarias en el nivel institucional durante el Año Fiscal 2014 y como etapa inicial del proceso de atención de pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, hasta por un monto de S/.160 000 000; para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución no mayores de S/. 50 000,00, a favor de los pliegos del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales que se financian con recursos ordinarios.
Por otro lado se ha modificado el numeral 3 del artículo 47 del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante el Decreto Supremo 013-2008-JUS, en el cual se establece que de existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento, los pliegos presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego o de quien haga sus veces, mediante comunicación escrita de la Oficina General de Administración, harán de conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de atender tales sentencias de conformidad con el artículo 70 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Se suprime, por lo tanto, la obligación de cada entidad de destinar hasta el tres por ciento (3%) de la asignación presupuestal que le corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios así como que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional, según sea el caso, debían calcular el tres por ciento (3%) deduciendo el valor correspondiente a la asignación para el pago del servicio de la deuda pública, la reserva de contingencia y las obligaciones previsionales. 
Igualmente se ha modificado el artículo 38 del Reglamento de la Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, a fin de establecer que los procuradores públicos pueden conciliar, transigir o desistirse de las acciones judiciales conforme a lo siguiente: 
1. Cuando se discuta el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido, se autoriza a los procuradores a transigir o conciliar las pretensiones controvertidas, siempre que la cuantía en moneda nacional, o su equivalente en moneda extranjera, no exceda las 5 UIT, monto que no incluye los intereses. 
2. En los casos que se discutan obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido, se autoriza a los procuradores públicos a transigir o conciliar las pretensiones controvertidas, siempre que la cuantía en moneda nacional, o su equivalente en moneda extranjera, no exceda de 25 UIT, incluidos los intereses. Previamente se debe solicitar la expedición de la resolución autoritativa de la Secretaría General de la entidad o quien haga sus veces. 
3. Cuando se discuta el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido de sumas mayores a 25 UIT, se autoriza a los procuradores públicos a transigir o conciliar las pretensiones controvertidas, previa resolución autoritativa del titular de la entidad. 
4. Cuando el Estado sea demandante y se discuta el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido, se autoriza a los procuradores públicos a desistirse de las pretensiones controvertidas y/o del proceso, siempre que la cuantía en moneda nacional, o su equivalente en moneda extranjera, no exceda de 5 UIT, incluidos intereses. 
5. Cuando el Estado sea demandante y se discuta el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido puede desistirse, previa expedición de resolución autoritativa del titular de la entidad respectiva, en moneda nacional, o su equivalente en moneda extranjera, siempre que no exceda de 25 UIT, incluidos intereses. 
6. Cuando en la transacción o conciliación el Estado asuma la obligación de dar suma de dinero, esta es atendida con cargo al presupuesto institucional de cada entidad, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
7. Los procuradores públicos deben informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre los procesos concluidos, indicando los montos pecuniarios. 
8. Cuando el Estado actúa como demandado en procesos contencioso-administrativos, constitucionales y otros cuya naturaleza no sea pecuniaria, puede conciliar o transigir, en los términos en los cuales han sido autorizados mediante las resoluciones expedidas por los titulares de las entidades respectivas. Asimismo se precisa que el Titular de la entidad, o la persona a quien delegue de forma expresa y por resolución del titular de la entidad, cuenta con facultades suficientes para participar en procedimientos de conciliación extrajudicial y suscribir los respectivos acuerdos, dentro de los límites antes señalados. Se puede delegar esta facultad en el procurador público de la entidad. 
Finalmente se ha derogado la Ley que autoriza a los Procuradores Públicos encargados de la defensa del Estado para transigir, conciliar o desistirse en procesos de menor cuantía, Ley Nº 29228.

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