Fotografía: LaRepública 

Los hermanos Sánchez Paredes deberán responder por lavado de activos. El fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde desaprobó el dictamen de la fiscalía superior que archivaba este proceso y, en consecuencia, ordenó que se formule acusación penal contra los hermanos Santos Orlando, Segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes.

Igualmente, contra Fidel Sánchez Alayo, hijo de Segundo Manuel, y Belisario Esteves Ostolaza, hombre de confianza de Santos Orlando y alto directivo de la minera Comarsa. También se comprenderá a las empresas Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (COMARSA), Minera San Simón, Pool de Maquinarias Santa Patricia, NAG San Simón, Ganadera San Simon y SMRL Señor de los Milagros de Trujillo.

En cambio, quedan definitivamente fuera del proceso Miguel Sánchez Alayo, el otro hijo de Segundo Manuel, y Blanca Azucena Sánchez Principe, hija del fallecido Perciles Sánchez Paredes. Miguel Sánchez Alayo tenía 16 años de edad, cuando supuestamente ocurrieron las actividades de narcotráfico, en tanto que Blanca Azucena se vinculó a las ganancias de su padre, en su calidad de heredera natural.

El dictamen fiscal se está presentando en este momento en la Sala Penal Nacional, esta a su vez deberá remitirlo en los siguientes día a la Fiscalía Superior Contra el Crimen Organizado, para que proceda a realizar las penas de prisión para cada uno de los cinco acusados. La Procuraduría deberá señalar el monto de la reparación civil a la que aspira el Estado.

Pablo Sánchez consideró que están probados los vínculos de los hermanos Sánchez Paredes por las actividades en México de Segundo Simón Sánchez Paredes, quien fue asesinado en un laboratorio de procesamiento de cocaína que funcionaba en Rancho Luna, el 10 de diciembre de 1987.

Además, de las declaraciones Luis Tafur Mesones o Luis Pinilla Castañeda, quien refirió a la DEA que los hermanos Sánchez Paredes operaban un aeródromo clandestino en la zona de Bayovar, Piura, para enviar cargamentos de droga a Estados Unidos, y los viajes de Santos Orlando y Segundo Manuel a Estados Unidos y México en la década de los años ’80.

La fiscalía suprema subraya y sustenta que las actividades de narcotráfico les habrían permitido obtener ganancias económicas que utilizaron para comprar el denuncio minero de Perciles Sánchez Paredes y constituir la empresa Comarsa, en 1991, tal como lo establece el informe pericial contable elaborado por peritos de la policía antidrogas, que también sustentó la denuncia policial contra este grupo familiar.

El informe pericial contable preliminar estableció que los Sánchez Paredes no tenían actividades económicas antes de 1991 y que solo realizaron operaciones comerciales para sustentar y justificar los ingresos provenientes del narcotráfico. De esta manera, la fiscalía desecha los dictámenes económicos y contables posteriores que resultaron favorables a los hermanos Sánchez Paredes.