Por los graves cuestionamientos a la labor del presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Francisco Boza Olivari y el desempeño de los jueces supernumerarios nombrados por este, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), dispuso la intervención de esa jurisdicción por parte de una Comisión Especial Evaluadora.

Esta comisión está presidida por el juez supremo Ramiro de Valdivia Cano e integrada por un juez superior de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), próximo a designarse, el presidente de la Corte Superior de San Martín, Walter Ángeles Bachet y el coordinador del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, José Álvarez Fernando.

De acuerdo con la Resolución Administrativa N° 143-2014-CE-PJ, publicada el viernes 9 de mayo en el diario oficial, existen serios cuestionamientos a la labor que se viene desempeñando en el distrito judicial de Ucayali, lo que sin duda pone en tela de juicio la adecuada conducción de la impartición de justicia, así como la idoneidad de quienes ejercen el cargo de jueces y personal jurisdiccional de la referida sede judicial.

Esta comisión, que se constituirá a Pucallpa en las próximas horas, tienen un plazo de 60 días, para emitir un informe sobre la situación que atraviesa de la Corte y propone propuestas de solución urgentes que permitan corregir y superar las deficiencias detectadas, con el fin de mejorar el servicio judicial en esa región amazónica.

Esta medida se ha ordenado en el ejercicio de la atribución del CEPJ contenida en el inc. 26 del art. 82 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho precepto establece que dicho consejo puede adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia y para que los magistrados y demás servidores del Poder Judicial se desempeñen con la mejor conducta funcional.

Igualmente, el Reglamento de Organización y Funciones del CEPJ, aprobada por la Resolución N° 227-2012-CE-PJ, establece en el inciso 15 de su artículo 7, que el CEPJ puede designar comisiones de asesoramiento, investigación y estudio.

Ucayali: “El paraíso de los amparos y habeas corpus”

Ucayali es la segunda Corte Superior de Justicia del país intervenida por el más alto organismo administrativos del Poder Judicial, bajo la presidencia del doctor Enrique Mendoza Ramírez. En enero último se dispuso la misma medida con la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios antes denuncias de corruptela y archivo de procesos relacionados con la minería ilegal.

Investigaciones periodísticas y de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) ha detectado un sinnúmero de Acciones de Amparo y Hábeas Corpus acogidos y tramitados por jueces supernumerarios de Ucayali contra juzgados, fiscalías penales, la SUNAT y el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado (OSCE), sobre actividades y decisiones tomadas en Lima.

Por esto la prensa bautizó a la Corte Superior de Ucayali como “El Paraíso de los Amparos y Hábeas Corpus”. Según el diario La República con las primeras indagaciones de la OCMA, las acciones de garantía constitucional se acogían teniendo a la vista solo la demanda, no se verifica el domicilio real del demandante en la zona ni se recababa los antecedentes de los procesos jurisdiccionales o administrativos que se realizaban en Lima y se notificaba, en algunos casos, a través de Notarios Públicos de Lima para lograr una ejecución inmediata de las decisiones adoptadas en juzgados mixtos de Atalaya o Campo Verde, ubicados a varias horas de la capital de Ucayali.

Por ejemplo, el diario El Comercio reportó que el 11 de diciembre del 2013, el juez supernumerario de Campo Verde, Wenceslao Portugal Cerruche, admitió una Acción de Amparo presentada por la empresa Minerales Rivero SAC y ordenó a Aduanas que le entregue un cargamento de 316 kilos de oro que había sido inmovilizado días antes por la Sunat, al sospechar que provenía de la minería ilegal.

La decisión que tomó el juez de Campo Verde fue ejecutada casi de inmediato en Lima por abogados del estudio Orellana por lo que cuando Aduanas fue a apelar la decisión del juez Portugal, el cargamento de oro, valorizado en 11,2 millones de dólares, ya había sido recuperado por Minerales Rivero, que en Pucallpa tiene como domicilio un centro campestre, según el diario La República.

Igualmente, se ha informado que junio del 2013, el empresario inmobiliario Rodolfo Orellana Rengifo presentó un hábeas corpus en Atalaya contra la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado, con sede en Lima, que lo investigaba por presunto lavado de activos. El 2 de diciembre pasado, el juez supernumerario Jorge Reátegui ordenó al fiscal especial Miguel Toyohama que excluya a dicho empresario de la investigación.

El 4 de septiembre del 2013, el juez supernumerario de Yarinacocha, Ricardo Castro Belapatiño admitió a trámite una acción de amparo a favor de la empresa Ambrosse Global del Perú, ordenando le entreguen un inmueble ubicado en el kilometro 15,5 de la Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores, Lima. Dicho inmueble enfrenta en Lima a la familia Canales con el Consorcio Gerencial SAC y Ambrose Global. El 28° y 21° Juzgados Civiles de Lima habían reconocido que el terreno le pertenece a la familia Canales, pero el juez de Yarinacocha anuló lo resuelto en Lima y dispuso la entrega del bien a Ambrose del Perú.

La OCMA abrió investigación y suspendió a los jueces de Yarinacocha, Atalaya y Campo Verde, mientras que, ante las denuncias públicas, la Sala Penal de vacaciones de Ucayali revocó las medidas cautelares. Los jueces que investigaron la actuación de los jueces supernumerarios y los de la Sala de Vacaciones han denunciado ante la prensa ser objeto de amenazas. La Comisión Evaluadora tendrá que dar cuenta de toda esta situación.