El presidente regional de Áncash, César Joaquín Álvarez Aguilar, y el alcalde de Chimbote, Luis Humberto Arroyo Rojas, están con detención preliminar por 15 días, bajo las reglas del antiguo Código Procesal Penal  y los presidentes de Tumbes, Gerardo Fidel Viñas Dioses y el de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero están sometidos a investigación preparatoria, con las reglas del nuevo Código Procesal Penal.

Es posible que la fiscalía pida está semana medidas limitativas de derecho, restricciones en la libertad de movimiento, para el emblemático presidente regional de Cajamarca.

Las investigaciones están a cargo, en el caso de Tumbes y Cajamarca, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que despacha el joven fiscal provincial Walter Delgado Tovar y, en el caso de Áncash, la Primera Fiscalía Supraprovincial Contra el Crimen Organizado, que dirige el fiscal provincial provisional, Manuel Castro Sánchez. Ambas fiscalías tienen su sede y actúan desde Lima.

Tumbes y un arbitraje sospechoso

Con fecha, 30 de abril, el fiscal Delgado Tovar formalizó investigación preparatoria contra Gerardo Viñas Dioses en calidad de autor, por la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Pública –asociación ilícita, previsto en el artículo 317º  -primer párrafo- del Código Penal (CP) y delito Contra la Administración Pública –en la modalidad de colusión, previsto en el artículo 384º  del CP, cohecho pasivo propio-, previsto en el artículo 393º  -primer párrafo- del CP, en agravio del Estado.

La investigación incluye a otros nueve funcionarios del gobierno regional de Tumbes, más los integrantes del tribunal arbitral compuesto por César Armando Guzmán Halberstadt (presidente)  Héctor Hugo García Briones y Walter Enrique Rivera Vilchez (árbitros). Los tres árbitros en calidad de cómplices, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública –colusión, previsto en el artículo 384º  del CP, y  en calidad de autores, por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública – Falsedad ideológica -, previsto en el artículo 428º  -primer párrafo- del CP, y del delito contra la Fe Pública.

La fiscalía señala que los funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes concertaron voluntades con los integrantes del tribunal arbitral para favorecer, en un acuerdo de conciliación, a la empresa A&J inversiones SAC, representada por Jorge Villegas Angeldonis,  lo que provocó, según la Contraloría General de la República, un perjuicio al Estado de 9 millones 225 mil 104 soles.

De acuerdo con las investigaciones, el 31 de diciembre del 2009, el Gobierno Regional de Tumbes suscribió un contrato con la empresa A&J Contratistas EIRL (ahora A&J Inversiones SAC) para la ejecución de  la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de los distritos de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital y San Juan de la Virgen del Departamento de Tumbes”, por un monto ascendente a 17’461,083.65 soles y un plazo de ejecución de 210 días naturales.

La región realizó un adelanto al contratista por la suma de 10’476,650.19 de soles, pero la obra solo avanzó en un 31%, permaneciendo inconclusa a hasta hoy, por lo que el gobierno de Tumbes demandó una reembolso de 13’579, 475.27 soles. Por su parte, la empresa exige un saldo a su favor de S/. 6’101,542.35 soles.

Para solucionar el impase se constituyó el tribunal arbitral que, tras realizar una «Audiencia extraordinaria de conciliación”, el 13 de julio del 2011, en San Borja, Lima, el 27 de julio del mismo año, emitió un laudo arbitral que aprobó una liquidación de obra a favor de la empresa contratista por 3’300,000.00 y la devolución inmediata de las cartas fianzas. Los árbitros no observaron que el funcionario que representó al Gobierno Regional en dicha audiencia, el asesor legal Juan Carlos Quinde Rojas, no tenía autorización legal para conciliar por dicha cantidad.

Cajamarca, amistades sospechosas

El 13 de mayo último, el fiscal anticorrupción Walter Delgado formalizó investigación preparatoria contra del presidente regional de Cajamarca y titular del comité directivo de Proregión, Gregorio Santos Guerrero, en calidad de autor, por delito contra la tranquilidad pública –delito contra la paz pública, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir, previsto en el artículo 317° , primer párrafo del CP; contra la administración pública – colusión agravada, previsto en el artículo 384° del CP, modificado por el artículo único de la Ley N° 29758, tipo penal vigente al tiempo de los hechos, conforme a su primer párrafo, delitos de corrupción de funcionarios, en la modalidad de cohecho pasivo propio, previsto en el artículo 393° del CP, en agravio del Estado.

La investigación incluye a otras 40 personas, entre funcionarios públicos y representantes de empresas privadas, seis de los cuales se encuentran con detención preventiva por 14 meses, por orden de la juez Mercedes Caballero García, del 2° Juzgado Penal Nacional. El martes, 13 de mayo, fueron detenidos en Tumbes, José Panta Quiroga, ex director ejecutivo de Proregión y el empresario Wilson Manuel Vallejos Díaz, representante de diversas empresas y consorcios.

En tanto, se encuentran con orden de captura los ex funcionarios de Proregión, Juan Ricardo Coronado Fustamante, jefe de administración; Herbert Wilderd Bravo Saucedo, jefe de la unidad de ingeniería;  Fernando Armando Díaz Carnero, jefe de la Unidad de estudios; y, Percy Martín Flores del Castillo, ex especialista en programación y presupuesto. 

La fiscalía sostiene que al interior del Gobierno Regional de Cajamarca y la Unidad Ejecutora Regional – Proregión “se gestó una organización criminal destinada a cometer delitos contra la administración pública, especialmente vinculada a favorecer a determinado grupo de empresas vinculadas al señor Wilson Vallejos y su esposa Crysti Soledad Varas Langle”.

Dicha organización habría venido actuando desde el año 2011, continuando su vigencia durante el año 2012, incluso posteriormente, durante el tiempo que se han venido ejecutando y liquidando los diversos procesos de selección adjudicados al grupo de empresas vinculadas a la asociación ilícita”.

Así, explica que las empresas y consorcios vinculados a Vallejos Díaz fueron beneficiados casi en la totalidad de procesos de selección convocados entre agosto del 2011 a septiembre del 2012, por un total de 155 millones 903 mil 526.06 soles. Aunque se precisa que la investigación que realizará la fiscalía supraprovincial anticorrupción es por un monto de 132 millones, 243 mil y 596.30 soles, pues las irregularidades en una licitación por 23 millones 659 mil 929.76 soles se investiga en la fiscalía anticorrupción de Tumbes.

El 2011 de seis procesos de selección convocados por Proregión por un monto total de 37 millones 746 mil 247.62 soles, el grupo de Vallejos Díaz se adjudica el 99.74% de los contratos por 36 millones 121 mil 296.44 soles.  El 2012, Proregión realizó 12 procesos de selección de los cuales, los consorcios y empresas de Vallejos Díaz se adjudican seis. De los otros seis, cuatro se referían a la contratación de bienes o servicios no prestados por dicho empresario (adquisición de impresoras, bonos de carbono, petróleo, contratación de vigilancia, uno fue otorgado a otra empresa y otro se declaró desierto, pues correspondía a un buena pro que fue anulada. 

En dicho año se convocan licitaciones por 124 millones 778 mil 974.62 soles de los cuales se contrató 40 millones 723 mil 714.88 soles, monto del cual 39 millones 323 mil 574.62 correspondió a los contratos suscritos con las empresas de Wilsón Vallejos, con lo que este resulta favorecido con el 96.56% del presupuesto ejecutado.  Esto no incluye una licitación adjudicad al mismo empresario por 80 millones 550 mil 520 soles que, al empezar la investigación fiscal, fue declarada nula.

La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la adjudicación de las obras, mientras que la fiscalía encontró un colaborador eficaz que declaró que Vallejos Díaz realizó diversos pagos a funcionarios públicos para adjudicarse las licitaciones. Esa declaración que ha sido corroborada con reportes de depósitos bancarios coincidentes con lo dicho por el testigo y llamadas telefónicas en las fechas en que se realizaron las licitaciones. 

Áncash, crímenes y sicarios 

A pedido de la fiscalía contra el crimen organizado, el 13 de mayo último, el juez Marco Aurelio Tejada Ortiz, del 3° juzgado penal nacional ordenó la detención preliminar por 15 días del presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar y del alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, previsto en el artículo 137° del CP; y por delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 108 del CP.

Igualmente, se dispuso la detención de otras 27 personas, entre altos funcionarios del gobierno regional de Áncash, los principales dirigentes del gremio de construcción civil de Chimbote y sicarios.  Hasta el momento han sido detenidas 16 personas, incluyendo a César Álvarez y Hernán Abelardo Molina Trujillo, gerente general de la región Áncash, que se entregaron el viernes, 16 de mayo; y Luis Arroyo que fue detenido el sábado, 17 de mayo, en un departamento en Surco, Lima. La policía sigue buscando al resto.

La investigación parte del homicidio de Ezequiel Dionisio Nolasco Campos, que ocurrió el 14 de marzo del presente año, al interior de la bodega “Centenario”, en la localidad de Santa María, Huaura, Lima.  La policía y la fiscalía sostienen que su asesinato obedeció a una disputa por el reparto de los diezmos, equivalente al 10% del valor de las licitaciones, que los empresarios deben pagar por las obras públicas que ejecuta el Gobierno Regional de Áncash.

Así se indica que César Álvarez sería el organizador y “jefe de una organización criminal que viene operando en el ámbito de la región Áncash” y al “aprovechar su condición de presidente regional utilizar los recursos del Estado, a través de operaciones ilícitas relacionadas a las licitaciones de obras públicas que ascendieron a inmensas cantidades de dinero, para cometer entre otros actos, el homicidio de Ezequiel Nolasco, planeado y ordenado conjuntamente con la participación de Luis Arroyo Rojas, Víctor Julio López Padilla, Modesto Mondragón Becerra, estos últimos los principales dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Chimbote, quienes encargaron los actos materiales a presuntos sicarios.

Por los actos de corrupción en la región Áncash y las actividades de chuponeo que se habrían realizado en la llamada “Centralita” se realizan investigaciones independientes, a cargo de fiscales y jueces de los distritos judiciales del Santa y Áncash. La investigación en Lima incluye a periodistas, policías y fiscales que habrían protegido las actividades de esta organización delictiva. La policía se encuentra interrogando a los detenidos, evaluando los documentos incautados y el 30 de mayo próximo, deberá formular un atentado policial para que la fiscalía decida sí promueve el inicio de un proceso judicial y se mantienen las detenciones.