En la asamblea que reúne a la mayor parte de cancilleres del continente y altos funcionarios, Rafael Correa puso en agenda un proyecto que busca cambiar de sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actualmente se encuentra en Washington (EE.UU.), y negarle la obtención de fondos de dicha Relatoría para operar.

Como se sabe, el CIDH, como órgano autónomo de la OEA encargado de promover la protección de los derechos humanos, ha criticado a los regímenes de Venezuela y Ecuador por las medidas tomadas contra algunos medios de comunicación pues esto atenta contra la libertad de expresión.

Los gobiernos de esos países califican las expresiones de los medios como “actos parcializados en su contra”. Ya en una oportunidad, Correa indicó que es un “instrumento de persecución”, manipulado por los “países hegemónicos”. Por ello, promueve fervientemente el cambio de sede de la CIDH, porque considera que es influenciada por EE.UU.

Con respecto a la Relatoría para la Libertad de Expresión, su objetivo es que haya un fondo único y equilibrado sin afectar sus presupuestos, además de prohibirle recibir donaciones. Esto limitaría su funcionamiento ya que obtiene sus recursos de la OEA y se financia a través de la cooperación internacional.