La intención del parlamentario de la bancada de Unión Regional, Marco Falconí, de renunciar al cargo de congresista para ser candidato a la presidencia regional de Arequipa ha generado controversia. En teoría, esta pretensión viola el artículo 95 de la Constitución que se señala que “el mandato legislativo es irrenunciable”.

El debate subió de tono luego de que el Séptimo Juzgado Civil de Arequipa, a cargo del juez Carlos Polanco, mediante una medida cautelar le diera la razón a Falconí. El todavía congresista había presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial para que se le permita participar en las próximas elecciones y la medida cautelar, aunque de forma previsional, se lo otorga. 

En la resolución firmada por Polanco, se indica que la fecha límite para que Falconí se inscriba como candidato vencía el 7 de julio y, por lo tanto, se generaría un perjuicio irreparable de no aceptarse la medida cautelar dado que no se estarían resguardando sus derechos para aspirar a ser candidato.

LaLey.pe conversó con el constitucionalista Enrique Bernales quien fue enfático al señalar que antes de postular a un cargo, el congresista Falconí debió “saber en qué se metía”.  

“Con todo respeto le digo al señor Falconí: si quiso ser candidato para una curul parlamentaria y fue elegido, debió tomar en cuenta que de acuerdo a la Constitución el cargo de congresista es irrenunciable. Y es irrenunciable por un sentido elemental de respeto al elector. No se puede demitir a un cargo que está basado en la representación”, explicó el constitucionalista.

Bernales agregó que si el cargo fuera renunciable terminaría siendo una burla para los ciudadanos que lo eligieron y a quienes los congresistas representan en el Parlamento. 

“Él (Falconí) ha insistido en ser candidato al gobierno regional de Arequipa. A lo mejor el JNE en la zona de Arequipa puede, eventualmente, inscribir su candidatura pero no puede ir más allá de ello porque si es elegido, la irrenunciabilidad al cargo de congresista se mantiene y, por consiguiente, él no podría ejercer otro mandato que no sea  ese”, resaltó.

El caso del legislador de Unión Regional no es único. El exlegislador Javier Valle Riestra también dimitió en el 2008 cuando ejercía su labor legislativa. Obviamente, su pedido de vacancia fue rechazada por el Congreso recurriendo entonces al Poder Judicial donde argumentó su pedido amparándose en el resguardo del derecho a la integridad moral, a trabajar libremente y a la libertad sin restricciones. Para sorpresa de muchos, el Poder Judicial terminaría dándole la razón en el 2013 pero cuando ya había finiquitado su mandato en el Legislativo.