Con respecto a la nueva Ley de Contrataciones con el Estado, publicado en El Peruano el 11 de julio último, el especialista en contrataciones públicas Gustavo Beramendi Galdós señala que es sumamente preocupante las modificaciones que se han realizado en materia de arbitraje.

En relación al sistema de arbitraje, Beramendi Galdós indica que los recortes que presenta la norma “denota una vocación dirigista e intervencionista del Estado”; a pesar que esta vía jurisdiccional se encuentra protegida por la Constitución Política del país.

Además acota que es inexplicable la razón por la cual el Ejecutivo ordene que “determinadas materias que, naturalmente, eran sometidas a arbitraje no deban serlo ahora y vayan al Poder Judicial”. 

Asimismo, en un segundo punto, advierte que con la nueva norma “todos los árbitros para poder fungir de tales, aun cuando se trate de empresas privadas, deberán estar inscritos en un registro administrado por el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE)”.

Proceso de adjudicación de obras públicas

De otro lado, Gustavo Beramendi recalca que los temas que deberían ser de suma preocupación por parte del Estado, este no ha realizado ningún ajuste necesario. Por ejemplo, “según estadísticas del 2010, cerca del 80% de los procesos referidos a obras se adjudican con un solo postor, y parecido es en el caso de bienes y servicios”. 

Sobre ese punto añade que «actualmente no existe competencia en las contrataciones que realiza el Estado; sin embargo, esta nueva ley no propone nada significativo para solucionar esta problemática, pues la norma que indica que se debe realizar el proceso así haya un solo postor va a continuar vigente”, concluye.