El Primer Juzgado Civil de la provincia limeña de Huaura, presidido por el juez Eduardo Loloy Anaya, hizo pública su preocupación por la ausencia de efectivos policiales que resguarden la zona, en razón a la orden de entrega de administración de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi.

Loloy Anaya alertó que el trámite de movilización policial haya sido suspendido a tan solo un día de programada la intervención el pasado viernes, y solicitó al Ministerio del Interior a proceder con el trámite necesario para contar con los 5.500 efectivos que se prometieron. Según lo estimado por el Mininter, la movilización de esa cantidad de policías demanda un presupuesto de S/. 4 millones.

“Mi juzgado no puede exponer al pueblo ni al personal jurisdiccional con enfrentamientos que lleven a un conflicto social. No pretendemos presionar por esta diligencia”, afirma el magistrado. Asimismo, Loloy Anaya no aseguró una fecha de reprogramación de la diligencia, debido a que es un proceso civil que se hará efectivo cuando las partes presenten las garantías.

El contingente policial es convocado a la zona para, además de garantizar la seguridad en todo el periplo, permitir el acceso del juez a las oficinas administrativas de la azucarera para que se pueda efectuar lo dispuesto a favor del Grupo Wong.

«Restitución, no desalojo»

Sobre el traspaso de la administración al representante del Grupo Wong, Carlos Rivas Urteaga, el titular de justicia civil afirmó que no se está efectuando un desalojo, como lo quieren plantear algunos medios de información.  

“Este proceso no es de desalojo, sino de restitución y entrega de administración a favor del señor Rivas Urteaga, lo cual se ordenó independientemente del problema societario que tiene la azucarera”, dijo.

En otro momento, el magistrado informó que el grupo sindical de trabajadores de la azucarera sentó una denuncia en su contra por prevaricato, en alusión a una supuesta medida arbitraria que él descarta.