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¿Los jueces deben tener la última palabra?

¿Los jueces deben tener la última palabra?

¿Los jueces tienen el derecho de pronunciar la “última palabra” a la hora de resolver los problemas constitucionales básicos? ¿Por qué ellos deben quedar a cargo de la exclusiva tarea de interpretación constitucional? Con estas provocadoras preguntas presenta Roberto Gargarella (compilador) su más reciente esfuerzo editorial: «Por una justicia dialógica. El Poder Judicial como promotor de la deliberación democrática» (Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2014).

Por Manuel Torres

domingo 25 de enero 2015

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El libro, en el cual se presentan más de trece artículos de diversos autores, compilados por Gargarella, tiene como propósito defender las tesis del denominado Constitucionalismo Dialógico, para muchos la novedad más importante en el constitucionalismo de las últimas décadas.

Esta novedosa forma de ver el Derecho Constitucional afirma que los asuntos fundamentales no deberían ser resueltos en un esquema de todo o nada mediante una resolución judicial o mediante un veto del Ejecutivo. Más bien se propone que estos temas sean resueltos mediante una conversación extendida, persistente en el tiempo, y que debe involucrar a las distintas ramas del poder y a la propia ciudadanía.

Para sustentar esta visión, Gargarella realiza una fuerte crítica al sistema rígido de separación de poderes basado en el esquema de frenos y contrapesos creado en el siglo XVIII y que ha dominado la escena constitucional en los Estados Unidos y América Latina. Afirma que este sistema lejos de alentar la cooperación, busca contener la confrontación; y que antes de promover el diálogo procura canalizar la agresión. Así propone dejar a un lado dicho esquema y construir otro construido sobre la base de la actividad dialógica. De esta manera, la propuesta de Gargarella excede la órbita judicial y más bien permite repensar el diseño institucional de la democracia.

En la obra se incluyen tres artículos que representaron el inicio del movimiento dialógico (de Peter W. Hogg y Allison A. Bushell; Rosalind Dixon y Mark Tushnet), así como de varios juristas latinoamericanos que han contribuido sobre el tema (entre ellos, Conrado Hübner Mendes, Sebastián Linares, Horacio Spector, César Rodríguez Garavito, Ricardo Lorenzetti, y del propio Gargarella).

Un texto para el estudio y el debate, precisamente en un país como en el nuestro en el cual muchas decisiones fundamentales del Tribunal Constitucional han sido objeto de crítica por haber sido expedidas sin tomar en cuenta a diversos actores –incluido el legislador– que mucho pueden decir sobre estos temas.

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