Un caso de atropello a la libertad de expresión en la Corte del Cusco. Así lo plantea el denunciante Luis Fernando Murillo Flores, quien se desempeña como juez superior de esa jurisdicción desde el año 2003.

Todo inició el 25 de enero de 2016, cuando el magistrado publicó en el Diario del Cusco el artículo “Preguntas de un obrero que lee”, donde cuestiona una decisión ratificada por la Presidencia de la Corte para despedir a un asistente jurisdiccional que trabajaba en la Segunda Sala Laboral. Entrada la tarde de ese mismo día, Murillo Flores recibió un correo –el primero tras 15 años de colaboración con el medio– en el que se le informa de una nueva regla editorial: desde ahora deberá enviar sus textos a la oficina de Imagen y Prensa de la Corte del Cusco para que esta apruebe su publicación en el diario.

¿Control de contenidos?

Cada año, la Corte Superior de Justicia del Cusco otorga una concesión a un medio local con el fin de que este sea el único acreditado para publicar los edictos judiciales de la región. Este proceso de selección se realiza mediante concurso público, en el que se presentan varios candidatos. Así, por ejemplo, el diario La República (Edición Cusco) ganó la concesión el 2015 frente a otros dos diarios que también competían. Para este año, el Diario del Cusco ganó este permiso.

Es necesario aclarar que la concesión no le significa al medio ganador ningún pago por parte del Poder Judicial, pues son los ciudadanos interesados en publicar sus edictos quienes cubren las tarifas que el medio exige por la difusión. Entonces, ¿cómo es que el Poder Judicial adquiere control y poder de decisión, cual editor de contenidos, sobre los artículos que publica el medio?

Consultada por LaLey.pe al respecto, la encargada de la oficina de Imagen de la Corte del Cusco, Eva Ramos Murriel, confirmó que la disposición existe, pero que su fondo ha sido malinterpretado.  “Han confundido las cosas. No se trata de un control en la aprobación ni tampoco de una censura previa como lo denuncia el Dr. Murillo. Lo que dice la disposición es que si un magistrado quiere enviar un artículo al diario judicial, primero tiene que pasar por la oficina de Imagen. Es un simple canal de envío. Publicar o no es ya decisión del medio; no de nosotros”, dijo.

Por su parte, el director del diario, Marco Antonio Casas Santillana, explicó  a través del programa que conduce en la radio local “Salkantay”, que la disposición funciona  como parte de “un reglamento interno que debe cumplirse”.

«Censura selectiva»

Pese a ser informado de la nueva directriz, Murillo Flores continuó enviando sus artículos de forma directa al medio. Pero el Diario del Cusco se rehusaba a publicar los nuevos textos sin que se cumpliera la orden impuesta por la Corte. Así, el 28 de enero, el magistrado envió una carta a la Presidencia, que se encuentra encabezada por la jueza Elizabeth Grossmann Casas, solicitando el retiro de este mecanismo al considerarlo una censura previa. Sin embargo, nunca hubo respuesta. Como se conoce, Grossmann asumió el puesto en la más alta silla de la jurisdicción luego de ser elegida en diciembre de 2014 para cubrir el periodo 2015-2018.

Según cuenta Murillo Flores, la jueza Begonia Velásquez Cuentas, que en su momento desconocía la nueva disposición, envió hace unas semanas un artículo de su autoría de manera directa al medio y este fue publicado sin ningún reparo. El magistrado, explicó a LaLey.pe que existe una censura selectiva en su contra por parte de la jueza Elizabeth Grossmann Casas: “mi hijo, que también es abogado, fue impedido de coordinar directamente con el medio para la publicación de un artículo suyo solo por tener el mismo apellido”.

Y es que, según cuenta el propio Javier Murillo Chávez, hijo de Murillo Flores, el medio rechazó en un inicio su texto, pero luego se retractó y aseguró que lo publicaría, alegando que hubo una “confusión por el apellido”. Al parecer, se creyó que se trataba nuevamente de su padre. «Este hecho confirmó que la censura previa es selectiva en contra de mi padre», señala.

Sin embargo, al revisar el contenido, que también era crítico a la Corte, el medio volvió a rechazar su texto y repetirle la orden de enviarlo a la oficina de Imagen para su aprobación. Así puede leerse en correos electrónicos enviados el pasado 10 de febrero por la administradora del Diario del Cusco, Luz Espinoza, a Murillo Chávez, en los que afirma que el medio ha recibido esta orden de manera expresa por parte de la presidencia de la Corte del Cusco. Curiosamente, Espinoza concluye el correo diciendo que “por ética” están impedidos de publicar críticas hacia la Corte y que, de no conseguir la autorización, ella y el personal que administra el medio serían “sancionados”.

Respuestas de la Corte

Es preciso mencionar que los agraviados buscaron apoyo del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), así como del Centro de Información Abierta Liber.  En un principio, se señaló que la no publicación de los textos se debió al hecho de que “estos no fueron enviados a la dirección (electrónica) apropiada”, explicación que repitió la encargada de la oficina de Imagen a LaLey.pe. «El diario ha creado una dirección específica a la que deben enviarse todos los textos y que es administrada por la Corte de Justicia del Cusco. Toda la vida, todas las áreas han enviado a mi correo información que desean publicar en el diario judicial. Cuando hablo de áreas, me refiero al personal, gerencia o presidencia», explicó Ramos Murriel.

De otro lado, la comunicadora señaló que el problema ya se ha aclarado con el diario, pues «de manera equivocada, se ha tomado el nombre de la presidenta de la Corte para decir que ella ordenó tal cosa y que, de no cumplirse, habría sanciones. Esto es falso. Lo que la administradora del diario explicó sobre la ‘ética’ estaba únicamente relacionado con la línea del medio, pues se nos comunicó que el artículo contenía insultos y que ellos no querían publicar tales cosas».

Sin embargo, cuando se le preguntó por si la orden fue antes exigida al juez Murillo Flores -quien publica en medios desde 2001- afirmó que sus textos nunca han pasado por el llamado canal de envío oficial. “El doctor nunca me ha enviado un artículo. Solo una vez envió una nota de prensa para publicarla en el diario judicial. Lo que yo entiendo es que el doctor enviaba al medio directamente porque es amigo y colaborador constante del diario desde hace tiempo”, explicó. 

De momento, existe un seguimiento al caso por parte de Liber e IPYS. El denunciante además estimó que, de no levantarse esta cuestionable disposición,  interpondría una acción de amparo para defender su derecho a la opinión.