A propósito de la publicación de su libro «La Gran Usurpación», el aún congresista de la República, Omar Chehade, conversó con LaLey.pe respecto del delito de usurpación de funciones que habría cometido la primera dama, Nadine Heredia, durante este gobierno.

Según Chehade, el ilícito es comprobable a partir de los indicios que él señala en su obra, además de los testimonios que bien podrían proporcionar diversos funcionarios públicos de diversa jerarquía que interactuaron o trabajaron directamente con Heredia.

¿Por qué considera que las acciones de Nadine Heredia que Ud. narra en el libro califican como delito de usurpación de funciones?

Porque el artículo 361 del Código Penal es bastante claro. Se establece que comete el delito de usurpación de funciones quien «sin título o nombramiento, usurpa una función pública”. Independientemente de esto, quiero aclarar que el libro en sí no encierra una denuncia legal, sino una demanda política. Que si esto, adicionalmente, pueda servir y colaborar con las investigaciones ya iniciadas por el Ministerio Público, pues, enhorabuena.

¿Cómo comprobar que existió delito de usurpación cuando no hay documentos de por medio?

Hay un error en ese enfoque. Muchos, ingenuamente, dicen que no es posible procesar o investigar a una persona por este delito si es que no ha firmado resoluciones. El bemol de este asunto es el tema probatorio. Y yo considero que esta prueba necesaria pasa también porque el fiscal y el juez encuentren indicios razonables y concomitantes de la usurpación. Por otro lado, se debe recordar que existen muchos testimonios.

A consecuencia de este libro, por ejemplo, se puede convocar a testigos. Me imagino desfilando a ministros de Estado, funcionarios de gobierno, directores de ministerios, viceministros, embajadores, jefes de prensa, funcionarios de apoyo de diferentes ministerios y de cancillería que hayan presenciado (no solo percibido) una vulneración al orden constitucional por parte de Nadine Heredia al haber emitido órdenes y ejercido funciones que no le correspondían. Funciones que eran netamente exclusivas del presidente de la república y de otros funcionarios.

¿Hubo consentimiento por parte del presidente de la República?

Yo creo que hubo consentimiento pleno. El presidente otorgaba funciones a la señora Heredia que no le correspondían. Recordemos que el programa Panorama reveló, hace un tiempo, sobre viajes de Nadine Heredia en el avión presidencial a Brasil en 2012. En estos viajes, ella se entrevista con la presidenta, entonces en funciones, Dilma Rousseff.

Y como el delito nunca da recibo ni factura, el sujeto activo siempre trata por todos los medios de tener coartadas de defensa a fin de cubrirse, en el futuro, de una denuncia o proceso judicial. ¿Cuál fue la estrategia de Nadine Heredia para cubrir su delito? Pues viajar con la ministra de Inclusión Social de entonces, Carolina Trivelli.  Así, cuando se difunden fotos inéditas sobre los viajes, el presidente de la República da una respuesta ilegal, inconstitucional y errónea. El dice: “yo encargué a la señora Heredia que me represente en Brasil”.

Ese error ha sido después resaltado por la propia canciller Ana María Sánchez. Es decir, una funcionaria de su propio gobierno le enmienda la plana al presidente. ¿Por qué recuento todo esto? Porque el presidente de la República es el primero que tiene que respetar la Constitución y la ley. El presidente debe encargar representación a un funcionario público. ¿Lo puede hacer con un tercero que no es funcionario público? Es complicado. Pero, en el supuesto negado de que esto sea así, él tiene y tuvo la obligación que emitir una resolución suprema. Y, como sabemos, no hay ninguna resolución suprema en la que el presidente delegue funciones a su esposa. De manera que, con su anuencia, el propio Humala permitió que la señora usurpe sus funciones.

¿Por qué cree que el presidente de la República recientemente se ha atribuido las anotaciones de las agendas y demás responsabilidades en investigación?

A eso lo llamo secuestro psicológico a manos de su esposa. Ella manejaba todos los asuntos de finanzas con su hermano Ilan Heredia, su mamá Antonia Alarcón y su amiga Rocío Calderón. El presidente no daba ninguna orden sobre números. Lo que ocurre es que, en un eventual antejuicio político en el Congreso, el presidente tendría un paraguas legal. No es que el presidente se quiera sacrificar, sino que juega estratégicamente a compartir las culpas. Sin embargo, esto no va a servir. La responsabilidad de Nadine Heredia y su entorno ya se está investigando sin que el presidente sea necesariamente incluido.