“Es importante garantizar que la prensa, que será la que transmitirá la información a la opinión pública, no esté dirigida por personas que justamente se encuentran inmersas en las investigaciones policiales o fiscales sobre la presunta comisión de delitos de corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros”. Esto se puede leer en la exposición de motivos de un reciente proyecto que pretende prohibir a quienes hayan sido sentenciados o investigados por delitos de corrupción, que puedan desempeñarse como directores periodísticos, editores o productores.

En efecto, en el proyecto de Ley N° 1027/2016 CR, presentado el 7 de marzo de 2017 en el Congreso de la República y que contiene tres artículos, se justifica la propuesta con el propósito de garantizar el derecho a la información veraz, plural y oportuna de los ciudadanos. Además, se afirma que se busca fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión de dichos medios y de la sociedad civil, legítimamente representada.

De esta manera, de aprobarse esta propuesta legislativa, quienes sean o hayan sido investigados o sentenciados por delito de corrupción en perjuicio del Estado, serán impedidos de ejercer los cargos de directores, editores y productores periodísticos. Pero, eso no es todo, estas personas tampoco podrán ser presidentes o miembros del directorio, accionistas, gerente general o apoderado de ningún medio de comunicación.

Según el proyecto, esto evitaría la influencia en contenido y línea editorial, entre otros conceptos análogos, de los medios de comunicación.

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