Miembros del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, con el aporte de expertos en inteligencia artificial, crearon el sistema denominado Prometea, el cual permite una rápida resolución de causas simples en el servicio judicial argentino.

El programa actualmente viene siendo utilizado para realizar dictámenes sobre el 52% de los expedientes que ingresan al citado Tribunal Superior de Justicia porteño, con una tasa de acierto del 96%.

Su ejecución consiste en tomar los datos del caso solicitado y lo compara con situaciones similares resueltas con anterioridad y decide. Así, el programa ha sido capaz de resolver 1.000 expedientes en 7 días. Esa misma tarea, con la utilización del método tradicional, demandaría 83 jornadas de trabajo.

Sin embargo, sus creadores aclaran que la incorporación del software en los juzgados no implica apartar al humano de las tareas, sino aprovecharlo para que concentre sus esfuerzos en cuestiones más complejas, por lo que es indispensable la presencia de la persona, ya que todas las decisiones tomadas por la máquina son revisadas.

De esta manera, el programa viene ayudando a la resolución de casos que van desde amparos en temas de derecho a la vivienda a causas de empleo público o cuestiones procesales, entre otros. El software trabaja con la información que surge del sitio web de consulta de expedientes, donde la justicia vuelca la información de las causas.

“A partir de un número de caso, lo identifica y lee entre más de 300.000 documentos anteriores vinculados al expediente. Una vez hecho esto, relaciona los patrones con los dictámenes ya firmados en la fiscalía y en 15 segundos predice cuál es la solución que debe adoptarse. Por último, le trae en pantalla al usuario el modelo que debería utilizar, y le hace unas breves preguntas para adecuarlo al caso en concreto”, afirma el Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario ante el Tribunal Superior de Justicia porteño y uno de los líderes del proyecto, Juan Gustavo Corvalán, al medio argentino La Nueva.

Pese a los buenos índices en su aplicación, Corvalán sostiene que el principal problema para su implementación en otros lugares del país radica en que dependerá de cómo la jurisdicción organiza la información que utilizará el software, lo que demanda un trabajo importante.