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Comentarios al nuevo Sistema de la Garantía Mobiliaria

Comentarios al nuevo Sistema de la Garantía Mobiliaria

El autor analiza el nuevo Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias y Contratos, creado mediante el D.Leg 1400. Afirma que, en lugar de hacerse ajustes al actual régimen basado en la calificación e inscripción registral, se ha optado por un nuevo sistema meramente informativo, que persigue solo publicitar el gravamen mediante avisos colgados en una plataforma electrónica, de acceso público.

Por Rolando Castellares Aguilar

jueves 20 de septiembre 2018

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Con la finalidad de simplificar la constitución y ejecución de la garantía mobiliaria, se ha expedido el Decreto Legislativo Nº 1400, publicado el 10 de setiembre de 2018 dentro de las facultades legislativas que se otorgaron al Poder Ejecutivo mediante la Ley Nº 30823, iniciativa que ya desde el Gobierno anterior se venía proponiendo, según el Proyecto de Ley N° 3611/2013–PE presentado al Congreso de la República, con Oficio Nº 087-2014-PR de fecha 17 de junio de 2014.

Este nuevo régimen que sustituirá al actual regido por la Ley Nº 28677 se sustenta, como podemos apreciar de la Exposición de Motivos del mencionado Proyecto de Ley, en el diagnóstico realizado por el Centro de Análisis Económicos para Leyes (CEAL), que concluye en que la actual Ley de la Garantía Mobiliaria (LGM) no había logrado su objetivo plenamente, pese a los avances respecto a la prenda a la que la sustituyó. Además, señala el CEAL que “la nueva realidad de un mundo mucho más dinámico e interconectado gracias al desarrollo tecnológico de la informática, del internet y de las redes sociales; y donde el desarrollo del crédito resulta fundamental para la inversión y la competitividad en las actividades económicas de las sociedades y Estados”, se recomendaba sustituir el actual régimen de afectación en garantía de bienes muebles.

Efectivamente, aun cuando según el texto de la actual LGM, el proceso de constitución y ejecución de la garantía mobiliaria debería ser simple y no onerosa, en la práctica no lo es, al haberse impuesto el uso de escrituras públicas y no de los formularios registrales previstos en la LGM, a pesar de haberse impuesto sanciones a notarios que se resistían a legalizar firmas en los formularios de inscripción. También el actual sistema de la  garantía mobiliaria, basado en la calificación registral, ha generado criterios dispares de registradores, que  ponderan la propiedad antes que la posesión del bien gravado no inscrito, por lo que casi el 80% de las garantías mobiliarias se refieren solo a vehículos automotores inscritos que respaldan su compra al crédito. A los costos notariales también se suma el costo registral basado en el valor de la garantía y no del acto de registro, todo lo que genera barreras para sectores como las MIPYMES, que supuestamente debía ser el sector beneficiado con esta modalidad de garantía.

Esta situación, ha llevado a proponer un nuevo sistema. Así, en lugar de hacer ajustes al actual régimen basado en la calificación e inscripción registral para fines de su publicidad, otorgando plena seguridad del derecho real de garantía oponible erga omnes, se opta por un nuevo sistema meramente informativo, que persigue solo publicitar el gravamen mediante avisos colgados en una plataforma electrónica, de acceso público, que igualmente otorga preferencia ante terceros.

Esta forma de publicitar las garantías sobre muebles no es reciente ni la primera, pues ya lo tienen otros países vecinos; y, a nivel de otros hemisferios, ya existe un sistema muy similar según el Convenio de la Ciudad del Cabo sobre garantías internacionales sobre equipo aeronáutico, al que muchos países –como los de la Comunidad Europea- ya se han adherido (España se adhirió al Convenio el 28 de junio de 2013 y rige en su territorio desde el 1 de marzo de 2016), que permite la inscripción de garantía mobiliaria sobre equipos aeronáuticos  en el Registro de Dublín, sin requisitos de forma, sin calificación registral, ni verificación de las facultades del otorgante; basado todo ello en el principio de la buena fe de los agentes.

De modo similar al antes señalado, se ha creado en el Perú este Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias y de Contratos (SIGM), bajo la administración de la Sunarp, que consiste en una plataforma electrónica diseñada para inscribir y publicitar las garantías mobiliarias y determinados contratos sobre muebles (como de arredramiento, cesión de derechos, fideicomisos, contratos preparatorios, y otros que afecten bienes muebles; así como mandatos y resoluciones judiciales, administrativas y arbitrales).

En mérito a la inscripción  del aviso electrónico que el acreedor curse al SIGM, se logrará la publicidad y la prelación y oponibilidad de su derecho real de garantía, sin que para ello se requiera de calificación registral, ni la intervención del notario, logrando así fecha cierta y prelación. Este ingreso del aviso al SIGM será por vía electrónica, registrando fecha y hasta el minuto y segundo, por un acreedor calificado y autorizado para tal efecto por la Sunarp, acreedor que asume responsabilidades en caso de ingresar informaciones incorrectas o falsas. La Sunarp no asume responsabilidad sobre el contenido del aviso inscrito en el SIGM por el acreedor. Esta  forma de publicidad es voluntaria y puede ser concurrente o alternativa a la garantía mobiliaria con entrega de posesión. El acceso al SIGM es público, pudiendo obtenerse certificaciones, que tendrán la calidad de documentos públicos.

De este modo, una vez que entre a regir este nuevo sistema de publicidad de la garantía mobiliaria, que será una vez que se expida el Reglamento como las normas de la Sunarp, y se tenga además en funcionamiento la base de datos y plataforma del SIGM y su interconexión, para lo cual se ha concedido el plazo de 270 días (9 meses), desde que se suscriba el contrato respectivo, el actual Sistema Registral de Garantías Mobiliarias (GM) que tenemos, basado en la inscripción registral de la garantía mobiliaria en alguno de los dos registros previstos en la actual LGM (el Registro Jurídico de Bien Mueble y el Registro de Contratos Mobiliarios), con previa calificación del registrador, será sustituido por este nuevo SIGM, que elimina la calificación e inscripción registral, y lo sustituye con un simple aviso de la garantía mobiliaria, que al ser anotada en el SIGM otorgará prelación y oponibilidad frente a terceros. Así, en el caso de bienes muebles inscribibles (v.g. vehículos) la garantía mobiliaria que se constituya se publicitará en el SIGM y no en el Registro Jurídico.

Este SIGM trae entre otras, algunas novedades, como la exclusión del SIGM de la garantía mobiliaria sobre títulos valores o valores desmaterializados, que serán afectados conforme a las leyes de la materia (Ley de Títulos Valores, Ley del Mercado de Valores); se vuelve a calificar como bien inmueble a la naves y embarcaciones que actualmente tienen la calidad de bienes muebles, por lo que serán en lo sucesivo objeto de hipoteca; crea la Garantía Mobiliaria Prioritaria de Adquisición que es la que respalda la adquisición al crédito del mismo bien; el Contrato de Control referido a fondos en cuentas bancarias afectadas a favor del mismo acreedor depositario o de terceros; y mantiene con algunos ajustes el proceso extrajudicial de su ejecución o adjudicación; disponiendo que el Contrato de Garantía Mobiliaria conste por escritos bajo sanción de nulidad, y pueda ser formalizado por escritura pública, documento privado con firma legalizada, firmas digitales o manuscritas; pudiendo la garantía mobiliaria ser con o sin entrega de posesión.

Hay diversos extremos de la norma que merecen ser desarrollados y aclarados en sus alcances, por lo que debemos esperar el Reglamento que debe expedirse en 120 días; además de las normas que la Sunarp debe expedir. Aspectos que por la extensión de estos comentarios nos reservamos para tratarlos en una siguiente oportunidad.

(*) Rolando Castellares Aguilar es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con estudios de postgrado en Banca y Finanzas, así como en Ciencias Administrativas, por la Universidad de Roma – Italia. Catedrático de Derecho Bancario en la UNMSM. Socio Principal de Castellares Abogados Consultores.

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