Una reforma del sistema de justicia requiere de jueces y fiscales idóneos. De lo contrario, todo cambio estará destinado al fracaso. Una de las instituciones clave para dicha reforma es el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuya reforma será sometida a referéndum el próximo 09 de diciembre. Esta entidad nombra jueces y fiscales, los ratifica cada siete años y puede destituirlos.

La Constitución de 1993 evitó la intervención del Poder Ejecutivo y del Congreso en la conformación del CNM. Dispuso que el consejo sea integrado por siete miembros para ocupar el cargo por un periodo de cinco años. La designación de estos consejeros era efectuada por la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, las universidades nacionales y particulares, los colegios de abogados y los demás colegios profesionales. Este modelo fracasó. Fue «capturado» por personas que carecían de principios éticos básicos que trataron de copar el sistema de justicia con sus allegados. Evaluaciones y nombramientos irregulares, denuncias por corrupción, subordinación al poder político, entre otras razones, justificaron la remoción o destitución de sus integrantes, en julio de este año, por el Congreso. Desde esa fecha nadie ejerce sus funciones. Por ello, en la actualidad no hay quien destituya a un juez corrupto.

La Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, designada por el Presidente de la República, propuso una reforma constitucional del CNM (julio 2018). El Presidente la hizo suya. El Congreso la aprobó con algunos cambios. Su ratificación por referéndum este 09 de diciembre determinará que entre en vigencia. Pero, ¿qué cambios plantea?

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reemplazará al CNM. Tendrá siete miembros elegidos por cinco años a través de un concurso público de méritos a cargo de una comisión especial. Esta última estará integrada por el Defensor del Pueblo -quien la presidirá-, el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y dos rectores elegidos por las universidades públicas y privadas con más de cincuenta años de antigüedad. Tendrá el apoyo de una secretaría técnica. Además, se cambia el perfil de los integrantes de la JNJ. Serán abogados de reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral, mayores de 45 y menores de 75 años. Tendrá por funciones el nombramiento, ratificación, evaluación parcial del desempeño y destitución de jueces y fiscales. Podrá amonestar y suspender a los jueces y fiscales supremos. Finalmente, revisará los nombramientos y ratificaciones irregulares efectuados por el anterior CNM. El Congreso no aceptó la propuesta de garantizar una participación equilibrada de hombres y mujeres en la conformación de la JNJ. Su nueva ley orgánica puede corregirlo.

Luego del 09 de diciembre, y como esperamos se apruebe la reforma, se abrirá un proceso de implementación que es urgente y crucial. Hoy existe un vacío. En primer lugar, se requiere que el Congreso apruebe la ley orgánica de la JNJ que desarrolle el procedimiento del concurso público de méritos, así como las nuevas funciones asignadas. Como la legislatura ordinaria acaba el 15 de diciembre y se inicia el 1° de marzo, sería importante una legislatura extraordinaria para su aprobación. El Ministerio de Justicia ya viene trabajando un anteproyecto de ley. Luego, convocar el concurso para elegir a las personas idóneas que lo integren. La transparencia y la vigilancia ciudadana deben permitir que se privilegie el mérito y la capacidad. Hay que evitar que esta nueva institución sea capturada pues probablemente existan interesados en hacerlo. Ello permitirá que puedan cumplir sus funciones con independencia e imparcialidad. La JNJ tendrá una ardua tarea. No solo por sus nuevas funciones, sino por la labor pendiente de revisar nombramientos y evaluaciones irregulares y las destituciones que han quedado en suspenso.

La reforma del sistema de justicia requiere voluntad política, liderazgo, un trabajo coordinado de los actores involucrados, objetivos claros, presupuesto, resultados concretos y respaldo ciudadano. Todo ello libre de corrupción. Es un trabajo de largo aliento. El referéndum para aprobar la reforma del CNM o JNJ es un primer paso para el cambio.

(*) Samuel B. Abad Yupanqui es constitucionalista.