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España: Fiscalía acusa a Shakira de seis delitos fiscales

España: Fiscalía acusa a Shakira de seis delitos fiscales

La Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia contra la cantante colombiana Shakira por usar empresas en paraísos fiscales buscando defraudar a la Hacienda española.

Por Redacción Laley.pe

viernes 14 de diciembre 2018

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La Fiscalía de Barcelona ha presentado este viernes en los juzgados de Esplugues de Llobregat una denuncia por fraude fiscal contra la cantante colombiana Shakira durante los años 2012 al 2014.

En el texto emitido por el Ministerio Público español, se señala que Shakira simuló durante esos años que disponía de residencia fiscal en Bahamas para evitar el pago de impuestos en España. En ese periodo, Shakira habría defraudado cerca de 14,5 millones de euros.

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En total, la Fiscalía le atribuye a la artista colombiana seis delitos de fraude fiscal cometidos durante los años 2012 y 2014. En la denuncia también se incluye a un abogado con domicilio en Nueva York, quien habría sugerido a la artista a crear un «entramado societario» para realizar el fraude.

«El plan que llevó a cabo la denunciada, para conseguir no pagar a la Hacienda Pública Española por el IPRF, ni a la Hacienda Pública Catalana por el IP, consistió básicamente en que fueran las sociedades quienes formalmente figurasen como titulares de las percepciones de las rentas y del patrimonio, en lugar de que figurase ella misma, quien tan solo figuró en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales, a donde de forma indirecta fue a parar la mayor parte de la renta y de la que dispuso en provecho y beneficio propio» indica la denuncia.

Queda ahora pendiente que el juzgado admita a trámite la denuncia y cite a declarar a Shakira como investigada. La fiscalía de delitos económicos de Barcelona ha presentado la denuncia en Esplugues por ser la localidad donde residen la artista y su familia.

Vale precisar que durante los últimos meses, los abogados de la artista y la Agencia Tributaria han mantenido conversaciones para intentar resolver el conflicto en la vía administrativa pero ello no ha sido posible ya que la entidad española considera que hubo intención de defraudar, lo que quedó reflejado en el informe final remitido a la fiscalía.

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