En ninguna de las nueve provincias de la región Lima, las mujeres que han sido víctimas de violencia tienen un lugar a donde acudir, así su vida y/o las de sus hijos corran un gran peligro. Esto se debe a que no cuentan con hogares de refugio temporal, informó la jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, Estela Lozano.

Además, de acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), solo entre enero y agosto se han reportado más de cinco mil casos de mujeres atendidas por violencia psicológica, física y/o sexual, en esta región conformada por las provincias de Barranca, Cajatambo, Huaura, Oyón, Huaral, Canta, Huarochirí, Cañete y Yauyos.

Otro de los hallazgos de la Defensoría fue que ninguna instancia de concertación contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, de la región, ha cumplido con reportar al observatorio información sobre sus acciones en el marco del cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021.

El gobierno regional tampoco ha incorporado esta actividad en su Plan Operativo Institucional (POI). “Esto es fundamental, porque evidencia el nivel de compromiso de las autoridades de todos los niveles de gobierno con la erradicación de esta problemática, que afecta sobre todo a niñas y mujeres jóvenes”, señaló Lozano.

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La Defensoría también identificó que solo seis de las nueve provincias que conforman la región Lima han realizado capacitaciones para prevenir los casos de violencia contra la mujer.

El informe con los resultados fue presentado en la ciudad de Huacho, ante representantes de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), la Policía Nacional, el Gobierno Regional de Lima Provincias, municipalidades distritales, entre otras instituciones.

Durante la presentación, la Defensoría también brindó recomendaciones a las autoridades involucradas, con la finalidad de que fortalezcan sus acciones y sobre todo que incorporen presupuesto que permita hacer sostenible la prevención y atención de casos de violencia.