Especiales

Como Especiales de este número, se desarrollan dos temas de actualidad y relevancia en el contexto jurídico-penal peruano. Así, el primero de ellos está referido al Acuerdo Plenario N° 01-2019/CIJ-116, en específico, al razonamiento inductivo, la tipicidad del hecho y el peligro procesal en la prisión preventiva. Por otra parte, el segundo contiene tres artículos de destacados penalistas que abordan algunos aspectos de la reciente incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

Litigio penal

En la sección de Aplicación del CPP, se incluye una entrevista realizada al Dr. Francisco Celis Mendoza Ayma, quien responde algunas interrogantes respecto a la teoría del sistema de penas, la aplicación del sistema de tercios, entre otros aspectos de suma importancia.

Así también, como jurisprudencia relevante, se incluye el R. N. N° 1610-2018-Lima, en el que, respecto al delito de trata de personas, se señala que su consumación se perfecciona sin necesidad de que la finalidad de explotación se concrete. Finalmente, se incluye también el Protocolo de Actuación Interinstitucional Específico de Control de Identidad y, como documento, el Acta de control de identidad policial; todo ello a efectos de operativizar la actuación del operador jurídico en estos escenarios.

Aplicación de la reincidencia por los órganos jurisdiccionales

En la sección de Derecho Penal, Alejandra Mori Sáenz analiza la teoría de la autoría mediata por dominio de organización, precisando las diversas posturas sobre la misma, así como los elementos que la conforman, a fin de determinar si esta figura jurídica puede ser utilizada para sancionar la criminalidad empresarial. Así también, figura el trabajo de Juvissa Malaver Cruz, quien aborda la falta de unidad en la aplicación de la reincidencia por los órganos jurisdiccionales, la cual atribuye a la redacción de la norma y al escaso desarrollo jurisprudencial que hay sobre la misma.

Por otro lado, resalta el trabajo de Willy Huisacayna Huacasi, quien analiza las modificaciones de los artículos 121-B y 122, concretamente, la concurrencia del estado de ebriedad o drogadicción como circunstancias agravantes en los delitos de lesiones, refiriendo que estas circunstancias no operan como forma de agravación de la pena.

Se encuentra también el trabajo de Diego Alonso Díaz Pretel, quien analiza el delito de tráfico de influencias, incidiendo en su restrictiva redacción y proponiendo una modificación a la misma. Del mismo modo, a su turno, Jorge Eduardo Márquez Alvis esboza algunos criterios a efectos de diferenciar el delito de banda criminal de la coautoría delictiva, utilizando para ello el criterio de la estructura organizada como criterio fundamentador para el mismo.

Investigación preparatoria y control de plazo

En la sección de Derecho Procesal Penal, destaca el artículo del magistrado César San Martín Castro, quien discrepando del criterio asumido en la Sentencia Casatoria N° 528-2018-Nacional, considera que la determinación de los plazos, tanto en las diligencias preliminares como en la investigación preparatoria formalizada, debe responder a la normativa, a la naturaleza y a las características de los actos de investigación a desarrollarse en el marco de estas.

Entre otros trabajos, resalta también la publicación del profesor Fernando Núñez Pérez, quien estudia el supuesto de imposición de la reparación civil al imputado absuelto o sobreseído en el proceso penal, ello a la luz del criterio asumido en el Acuerdo Plenario N° 04-2019/CIJ-116, entre otros aspectos.

Derecho Penal ecológico

En esta sección, desarrollando algunos aspectos del Derecho Penal ambiental-ecológico, figuran los trabajos del profesor Jan Michael Simon y Francisco Valdez Silva quienes abordan temas como los fundamentos para la protección jurídico-penal de la Pacha Mama y el delito de contaminación ambiental transnacional, respectivamente; supuestos ante los cuales desarrollan importantes planteamientos a efectos de fundamentar y afrontar los delitos ambientales.

Jurisprudencia relevante

En lo que a la jurisprudencia se refiere, incluimos las siguientes sentencias:

• La Casación N° 725-2018-Junín, en el que la Corte Suprema señala que la madre que no impida la violación sexual de su menor hija será considerada como autora del delito de violación sexual por omisión impropia.

• La Casación N° 1438-2018-La Libertad, la cual, respecto del delito de secuestro, señala que es posible su comisión por un funcionario o servidor público, siempre que este actúe al margen de la ley y por razones personales ajenas a su ejercicio funcional.

• La Casación N° 840-2018-Lambayeque, que respecto a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil al proceso penal, señala que conforme lo establece el artículo 305 de este primero, el abogado no puede asumir una defensa que provoque el impedimento del juez de conocer la causa.

• La Casación N° 1032-2016-Lambayeque, que respecto a la inasistencia del fiscal superior a la audiencia de apelación de auto de sobreseimiento, esta no puede ser entendida como un desistimiento de continuar con la investigación.

Ud. puede revisar el sumario del número 125 (noviembre de 2019) de Gaceta Penal & Procesal Penal  aquí y/o leerlo en nuestro archivo Scribd:

Sumario de Gaceta Penal & Procesal Penal 125 by La Ley on Scribd