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El procurador anticorrupción Amado Enco calificó como “sumamente grave” el informe de la Contraloría que advierte un pago irregular de más de 41 millones de soles para la construcción del Hospital de Moquegua, en los últimos días de gobierno de Martín Vizcarra a la cabeza de la región Moquegua (2011-2014).
“Lo que la Contraloría ha revelado es sumamente grave, porque ese documento [el informe] se convierte en prueba preconstituida. Antes, lo que hubo fueron denuncias presentadas ante la Fiscalía de Moquegua por la Procuraduría Anticorrupción. Durante esas diligencias preliminares no pudieron actuarse pruebas, no se contó con el punto de vista de la Contraloría”, declaró a RPP.
Para el procurador Enco, el informe contiene suficientes datos que justifican la reapertura de las investigaciones por parte del Ministerio Público. “El expediente se encuentra en el Cuarto Despacho de la Fiscalía de Moquegua para que se pueda clasificar. Vamos a preparar [en la Procuraduría Anticorrupción] las acciones adicionales para que la investigación sea lo más completa posible”, agregó.
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El 30 de diciembre del 2014, el actual ministro de Transportes y Comunicaciones Edmer Trujillo, entonces gerente general del Gobierno Regional encabezado por Vizcarra, aprobó una serie de trámites que, en menos de 24 horas, terminó con la aprobación de un desembolso de S/41’869.086 al Consorcio Hospitalario Moquegua. Para la Contraloría, esta entrega de dinero fue irregular.
Por otro lado, Enco advirtió que, si bien el ministro de Transportes ha reconocido que tuvo injerencia administrativa, no ha sido incluido como uno de los responsables de estas supuestas irregularidades. “Por alguna razón, [Edmer Trujillo] no aparece como los implicados en la parte de las conclusiones. Hay unas 14 personas involucradas menos él; pero en el desarrollo de la comisión auditora lo mencionan y él, anoche, ha asumido responsabilidad administrativa”, puntualizó.
Agregó que, ante una “sospecha simple” de que se ha cometido un delito, tanto la Procuraduría como la Fiscalía pueden iniciar una investigación. “Sabemos, por otras experiencias, que este apresuramiento en pagar a fin de año, más aún al cerrar la gestión, ha sido en cumplimiento de acuerdos previos subrepticios […] En este caso no tenemos evidencias que haya sido así, pero es un tema que habrá que investigarse”, apuntó.