Luego de que se reprogramara la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori para este sábado 28 de diciembre, el fiscal José Domingo Pérez Gómez declaró breves minutos a la prensa a su salida de la sede judicial.

Así, señaló sentirse confiado de que el juez Víctor Zúñiga Urday,del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Crimen Organizado, concedará el pedido fiscal y dispondrá dicha medida contra la lideresa de Fuerza Popular.

«Por todos los elementos de convicción que considera la Fiscalía, Keiko Fujimori merece la medida de prisión preventiva. Consideramos que en esta instancia lo vamos a lograr. […] No voy a entrar a hacer mayor alegación respecto al contenido, pero desde el momento que la Fiscalía considera, no ahora sino desde octubre, que se dan los presupuestos procesales para que Fujimori esté con prisión preventiva», enfatizó Pérez Gómez.

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“Son aspectos que se van a señalar en las audiencias correspondientes […] Como parte del equipo especial que lidera el fiscal Rafael Vela, estamos confiados que el juez nos va a dar la razón para imponer prisión preventiva, como los jueces de la justicia ordinaria lo habían dado anteriormente antes que el Tribunal Constitucional diera un fallo cuestionable”, afirmó criticando nuevamente el fallo del Colegiado Constitucional que, por mayoría, revocó el mandato de prisión preventiva contra Keiko Fujimori que fuera dispuesto por el juez Richard Concepción Carhuancho en octubre de 2018, a pedido precisamente del fiscal José Domingo Pérez.

Luego del fallo del TC, el fiscal José Domingo Pérez ha pedido al juez Víctor Zuñiga que dicte una nueva medida de prisión preventiva por 36 meses, para lo cual ha alegado que existe peligro de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de Keiko Fujimori, a raíz de recientes pruebas surgidas en los últimos meses.

Todo ello por la investigación preparatoria que se le sigue a Fujimori Higuchi por lavado de activos (al recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas electorales del 2011 y 2016), obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.