El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se pronunció sobre el allanamiento de la vivienda de la periodista María Teresa García Valenzuela, del diario Expreso. La organización civil pidió al Ministerio Público una investigación de los hechos, para esclarecer posibles irregularidades en el “desmesurado operativo”.

El miércoles, un equipo de fiscales de la 12° Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao allanó la casa de la editora política del mencionado diario para obtener la grabación de un robo al paso que las cámaras de su vivienda habrían captado y así identificar a los autores.

Durante el registro, que ocurrió la mañana de ayer y se extendió por casi cuatro horas, participaron más de 40 efectivos de la Policía Nacional. La diligencia estuvo a cargo del fiscal Alfredo Novela y de la fiscal adjunta Magnolia Huertas.

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Según el Ministerio Público, la policía requirió formalmente la cámara a los habitantes del inmueble allanado —la madre y hermano de García—; y ante su negativa, solicitó y obtuvo una orden judicial de allanamiento y descerraje.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado público desmintiendo que el allanamiento se haya producido de forma ilegal. Señalaron que “en tres oportunidades se solicitó los videos de las cámaras a la propietaria del inmueble, María Teresa García Valenzuela; sin embargo, esta se negó a proporcionar lo solicitado”.

Sin embargo, la periodista se comunicó con el IPYS e indicó que nunca fue notificada para entregar la cámara. “La ausencia de este requisito sería un abuso de autoridad, según expertos consultados”, se lee en el comunicado.

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Al respecto, un vocero de la Fiscalía requerido por el IPYS señaló que no podía mostrar la notificación, porque se encuentra en un expediente reservado. También dijo que fue la policía y no el Ministerio Público, quien decidió la cantidad de efectivos para realizar el operativo.

“Ellos señalan que han allanado mi casa por un robo, pero han llegado más de 40 policías y un equipo de fiscales solo para pedir un video, que bien se lo pudieron solicitar a la municipalidad, porque en la calle hay una cámara con mayor resolución, pero no sé por qué vienen hasta mi casa señalando que si no coopero, estoy obstruyendo la justicia, y con una amenaza de descerraje. Es decir, parece que la delincuente fuera yo. Creo que esto podría tener otras connotaciones, porque es ilógico”, apuntó García.