La fiscal Geovana Mori, miembro del Equipo Especial Lava Jato, dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria a la ex primera dama Nadine Heredia y otros exfuncionarios –entre ellos, algunos ministros– de la gestión del entonces presidente Ollanta Humala, por el caso Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Como se recuerda, el último 13 de febrero, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena resolvió que la investigación preliminar a Heredia por este caso culmine en un plazo máximo de diez días. Por ello, la fiscal Mori decidió proseguir con la formalización de la pesquisa por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada contra la ex primera dama, los exministros Jorge Merino (Energía y Minas), Eleodoro Mayorga (Energía y Minas), Carlos Paredes (Transportes y Comunicaciones), Luis Miguel Castilla (Economía y Finanzas), el ex primer ministro René Cornejo y una decena de exfuncionarios.

La disposición fiscal, difundida por El Comercio, recoge nuevas evidencias sobre la presunta colusión que habrían formado los funcionarios de la administración de Humala para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht como empresa que controlaba el consorcio en la adjudicación del millonario proyecto.

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Según el documento de 292 páginas, el 17 de febrero del 2014, Rodney Carvalho –exfuncionario de Odebrecht– envió un correo electrónico a Daniel Hokama Kuwae –exejecutivo de la firma, hoy gerente de Perupetro (empresa adscrita al Ministerio de Energía y Minas)–, en el que le preguntó si había “algún mensaje” para Jorge Merino, entonces titular de Energía y Minas. “Me avisas urgente”, concluyó.

Horas después, Carvalho volvió a escribirle a Hokama para comunicarle que Merino confirmó que había un acuerdo de todos los ministros respecto a que era “solo un contrato”, así como para aumentar las exigencias para los 200 kilómetros de operaciones, además de incluir “el factor tiempo”. “Esa es tu chamba”, le dijo. Para la Fiscalía, esta comunicación evidencia que Odebrecht contaba con información privilegiada a través del entonces ministro de Energía y Minas.

Otros dos correos electrónicos incluidos en la disposición fiscal son los enviados también por Carvalho el 10 de abril del 2014. Esta cadena de mensajes fue remitida a Jesús Saldaña Fernández y David San Frutos Tomé, ambos de la empresa española Enagás (que tenía el 25% del consorcio por el GSP); al exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata; así como a Hernando Graña. “Sería interesante que ustedes hicieran la consulta a ProInversión acerca del operador estratégico de modo a estar seguro que ustedes podrán utilizar la empresa correcta tanto en la operación como en la concesión [sic]”, expresó.

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Para la fiscal Mori, el tema del operador de la concesión fue fundamental para el consorcio y fue tratado por los socios con funcionarios de ProInversión. Así, los socios del consorcio habrían sido “beneficiados en la versión final del contrato de concesión que fue aprobado por acuerdo del Comité Pro Seguridad Energética […] donde se aprecia el cambio de una cláusula fundamental, como es la de operador calificado”. “Me avisa para hacer seguimiento”, señaló Carvalho en un correo.

Otro elemento que incorpora el Ministerio Público al documento es que, pese a que ProInversión tenía un comité encargado de los proyectos de hidrocarburos, se resolvió crear otro grupo para el proceso de selección de la empresa que realizaría el GSP, a pedido de Humala. Para la fiscal Mori, este nuevo comité denominado “Pro Seguridad Energética” estuvo estrechamente vinculado al consorcio ganador del proyecto, que formó Odebrecht.

De acuerdo con la disposición fiscal, un indicio de la injerencia de Palacio apunta a que Heredia “habría realizado actos ejecutivos en la designación de miembros del comité”. Según Mori, para este fin, la ex primera dama habría recurrido a su prima Tania Quispe, en ese entonces superintendenta de la Sunat.

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“Lo dicho por el testigo da cuenta de las injerencias de la imputada Nadine Heredia, en su calidad de primera dama, también en esta etapa de conformación del Comité Pro Seguridad Energética”, precisó la fiscal Mori en su resolución.

Por su parte, Quispe, quien tiene una investigación preliminar por los presuntos delitos de omisión de deberes funcionales y contra la administración pública por el caso Club de la Construcción, señaló que no tuvo nada que ver con el Gasoducto Sur Peruano.

Asimismo, la formalización de la investigación incluye los testimonios de José Alejandro Graña y Hernando Graña Acuña, exdirectivos de la constructora Graña y Montero (GyM). Como colaboradores, han implicado a Merino y Heredia en el caso.

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Según relató Graña Acuña, en una reunión con el exministro Jorge Merino, conversó sobre cuál sería la mejor forma para que GyM participe en el proyecto. Afirmó que el entonces titular de Energía y Minas fue categórico en responderle que Odebrecht “era la empresa con mayores posibilidades y que debíamos ir con ellos”.

En su testimonio, Graña Acuña también hizo referencia a la injerencia de Heredia en el caso. Sobre este punto, José Alejandro Graña detalló que Jorge Barata le dijo que Heredia se había comprometido a ayudarlos en la convocatoria debido al aporte de campaña que habían realizado.

Cabe indicar que Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, indicó que todavía no conoce la disposición de la fiscal Mori que formaliza la investigación preparatoria por este caso. “Aún no nos han notificado, de modo que no podría dar ninguna opinión”, dijo a El Comercio.