La pandemia del COVID-19 no solo ha causado estrago social y económico en nuestro planeta, sino que también ha mermado el funcionamiento del servicio público de justicia y los intereses de sus usuarios. En nuestro país, el Poder Judicial y el Ministerio Público estarán paralizados seis semanas, excepto casos que no admiten demora o son graves y urgentes.

Como usuario de este servicio público, me parece destacable que las Salas Supremas para no afectar los intereses de los usuarios, hayan calificado los recursos de casación vía aplicación de videoconferencia. La incertidumbre que tiene todo usuario es saber cuándo redactaran, firmaran y publicaran la decisión. Ello, porque la gestión del despacho en las Salas Supremas no es uniforme. Por ejemplo, las Salas Penales respetan los plazos procesales. En cambio, otras salas no lo hacen. Otra muestra es que las Salas Penales, el mismo día que se califica el recurso, publican en la página web el sentido de su decisión. Algunas lo publican durante la semana en que se califica el recurso y otras simplemente no lo hacen. La gestión del despacho judicial en la Corte Suprema debe ser estándar: el día de calificación del recurso se publica en la página web el sentido de la decisión.

Los más afectados con la suspensión de labores del Poder Judicial sin duda son los niños y jubilados, ya que en la mayoría de procesos de alimentos o contenciosos el pago de la pensión se hace a través del depósito judicial, cuyo certificado es presentado al Juzgado y éste después es endosado a la parte demandante. No es un trámite uniforme, ni rápido; por ejemplo, hay jueces que de oficio entregan el certificado de depósito judicial (que es lo correcto), otros exigen la presentación de un escrito solicitando el endose el certificado (que es incorrecto porque no existe norma que imponga esa carga), y otros entregan en un solo día de la semana el certificado como si la necesidad de los niños y jubilados fuese de solo un día. El mismo drama se vive en los procesos laborales.

Los usuarios claman porque el despacho judicial sea estándar en todos los juzgados y distritos judiciales. La gestión del despacho judicial no necesita de una reforma legislativa, sino de medidas administrativas que el Consejo Ejecutivo puede adoptar. La falta de estandarización del despacho judicial fue uno de los problemas detectados por el CERIAJUS en el año 2004 y que hasta ahora, no encuentra solución; por ejemplo, en el distrito judicial de Lima la ejecución de sentencias laborales es de oficio (que es correcto); en cambio, en el distrito judicial del Callao los jueces laborales exigen que la ejecución de la sentencia sea solicitada (que es incorrecto), caso contrario, no emiten de oficio el auto de ejecución.

El litigio en tiempos del COVID-19 exige la reflexión del personal del Poder Judicial, pues cabe recordar que prestan un servicio público y se deben a los usuarios, y no al revés. Los despachos judiciales deben gestionarse en beneficio de los usuarios y no en perjuicio de sus intereses o derechos. Si bien es coherente que el Sindicato del Poder Judicial solicite la suspensión de la atención al público, surge la pregunta ¿qué pasara con los depósitos judiciales pendientes de presentación o de endoso? La razón de ser de la atención al público es la demora en la tramitación de los expedientes. Si los plazos fuesen respetados no habría quejas por parte de los usuarios. Así como el Sindicato del Poder Judicial exige condiciones a su empleador, los usuarios también exigimos que los plazos se respeten en la medida de lo posible y que todos los juzgados actúen de manera uniforme.

[*] Wilber Medina Bárcena es abogado litigante y profesor universitario.