La protección constitucional de la fe pública registralGaceta Constitucional & Procesal Constitucional presenta su revista N°152 edición de agosto de 2020 con el especial referido a “La protección constitucional de la fe pública registral”. Entre los autores que destacan en la presente edición tenemos a Héctor Lama More, Milagros Campos Ramos, Juan Carlos Ruiz Molleda, Alberto Meneses Gómez, Orlando Curaca Kong, entre otros(as).
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En la edición de agosto de 2020 de “Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional”, se presenta el especial referido a “La protección constitucional de la fe pública registral”, en la cual se aborda la reciente STC Exp. N° 00018-2015-PI/TC mediante la cual se ratificó la constitucionalidad de la Ley N° 30313 y el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el deber de diligencia del tercero de buena fe y el propietario registral frente a los casos de suplantación de identidad y/o falsificación de documentos, entre otras cuestiones de especial relevancia constitucional.
Asimismo, se comentan sentencias importantes y abordan asuntos de actualidad como el reconocimiento del derecho a la protesta, el hábeas corpus correctivo, la pensión de viudez para los convivientes, el debate sobre la cuestión de confianza, las propuestas de reforma de la inmunidad parlamentaria, etc. Entre los autores que destacan en la presente edición tenemos a Héctor Lama More, Milagros Campos Ramos, Juan Carlos Ruiz Molleda, Alberto Meneses Gómez, Orlando Curaca Kong, entre otros(as).
El Tribunal Constitucional emitió la STC Exp. N° 00018-2015-PI/TC mediante la cual ratificó la constitucionalidad de la Ley N° 30313 y se pronunció sobre el deber de diligencia del tercero de buena fe y el propietario registral frente a los riesgos de la suplantación de identidad y/o falsificación de documentos. De tal manera, se desarrollan argumentos a favor y en contra de lo resuelto, en torno a los criterios interpretativos sobre el deber de diligencia del tercero de buena fe; el aparente condicionamiento de protección al propietario con derecho inscrito en función a su situación socioeconómica, cultural o educativa; el deber de motivación cualificada en la aplicación del artículo 2014 del Código Civil en los casos que el propietario original se encuentre en situación de especial vulnerabilidad; entre otros aspectos de relevancia civil, registral y constitucional.
El juez supremo Héctor Lama More nos concedió una gentil entrevista, en la cual brinda su punto de vista en torno a la problemática actual en la transmisión inmobiliaria en el país, los aspectos favorables y criticables del fallo del Alto Tribunal y se pronuncia sobre las diversas propuestas brindadas en el ámbito académico a fin de reducir los eventuales riesgos en perjuicio de los propietarios ante eventuales fraudes registrales.
Se analiza la STC Exp. N° 00009-2018-PI/TC, mediante la cual el Tribunal Constitucional reconoció el derecho innominado a la protesta social, desarrolló su contenido iusfundamental y fijó sus límites constitucionales. En ese sentido, se enfatiza que la sentencia tiene efectos vinculantes y genera efectos generales, de acuerdo el artículo 82 del Código Procesal Constitucional. Finalmente, se cuestiona la sentencia en tanto el Tribunal Constitucional guardó silencio sobre la naturaleza disruptiva y las medidas de fuerza legítimas del derecho a la protesta social.
Se analiza a la Ley N°31012, Ley de Protección Policial, referido al uso de la fuerza de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento regular de sus funciones. En ese sentido, partiendo sobre la presión que ejercen los medios de comunicación masiva, advierte que el Ejecutivo y el Legislativo no tienen una adecuada política criminal que observe el respeto por los derechos humanos. Finalmente, sobre la citada ley precisa si normativamente se ha violado o no los derechos fundamentales; y, si el Congreso ha ejercido su función conforme a los estándares convencionales y constitucionales.
Se rescata los aspectos más importantes de la STC Exp. N° 1134-2020-PHC/TC referidos a la grave crisis sanitaria que afrontan los establecimientos penitenciarios en el contexto de la COVID-19. En ese sentido, partiendo de la delimitación de los alcances del hábeas corpus correctivo, se analiza el reconocimiento constitucional e internacional del derecho a la salud de las personas privadas de libertad y las obligaciones que debe reforzar el Estado peruano a fin de mitigar los estragos de este virus dentro de los centros penitenciarios.
Se examina la STC Exp. N°03631-2015-PA/TC, mediante la cual el Tribunal Constitucional inaplicó una ley que permitía transferir a título gratuito la propiedad de un terreno de una municipalidad en favor de la Superintendencia de Bienes Nacionales. En ese sentido, se aborda el reconocimiento de la titularidad de derechos fundamentales para las personas jurídicas y se precisan los alcances del Derecho Patrimonial Público a la luz de la sentencia mencionada.
Se analiza el concepto de familia a propósito de la interpretación que realizó el Tribunal Constitucional del artículo 53 del Decreto Ley N° 19990 referido al reconocimiento de la pensión de viudez para los convivientes que en la STC Exp. N° 06572-2006-PA/TC. Se sostiene que distintos cambios sociales como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia y las migraciones hacia las ciudades han generado un cambio en la estructura tradicional de la familia, cuya conformación gira alrededor del pater familias. Además, se destaca que el reconocimiento constitucional de este nuevo concepto de familia salvaguarda la dignidad de aquellas personas que han optado por la convivencia.
Se reflexiona sobre la posibilidad de permisión de la muerte digna en nuestro ordenamiento jurídico a propósito del caso de la ciudadana Ana Estrada, quien al padecer de una enfermedad degenerativa e irreversible ha iniciado una lucha para que se le practique el procedimiento médico de eutanasia. En ese sentido, luego de diferenciarse los conceptos referidos a la eutanasia, suicidio asistido, homicidio piadoso y muerte en condiciones dignas, se responde a si la pretensión de Ana Estrada constituye o no un derecho fundamental que puede ser protegido judicialmente.
A propósito de las recientes cuestiones de confianza presentadas por el Ejecutivo para la exposición y debate de su política de gobierno, se reflexiona críticamente sobre su uso en los últimos años y enfatiza en la búsqueda de la gobernabilidad democrática. De tal manera, se enfatiza que en el caso peruano no constituye propiamente un voto de investidura y se examina la cantidad requerida en sede parlamentaria para su aprobación. Asimismo, se atiende a la discusión en torno a si el voto de la cuestión de confianza contribuye realmente a la gobernabilidad democrática o si debe mantenerse únicamente la exposición y el debate, los cuales constituyen per se un mecanismo de control político.
Se examina la institución de la inmunidad parlamentaria, a propósito de las propuestas de reforma constitucional que buscan la modificación o eliminación del texto constitucional. En ese sentido, luego de sostener que la regulación de la inmunidad parlamentaria debe ser contextualizada conforme a nuestra realidad, plantea algunos aspectos que deben ser observados en el seno de los debates del Congreso como las consideraciones del Tribunal Constitucional sobre esta institución y la mirada conjunta de los poderes del Estado para su adecuada regulación.
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