Poder Ejecutivo observó la autógrafa de la ley que plantea el control de precios en las matrículas y pensiones de los colegios privados.

Autógrafa planteaba que la reducción de precios en las pensiones sea proporcional a los servicios prestados.

Proyecto de ley indicaba que el objetivo era garantizar la continuidad de los estudios a los alumnos que se encuentran en instituciones educativas privadas durante la situación de emergencia sanitaria.

En las observaciones se señala que existe una afectación a la libre iniciativa privada, libertad de empresa y al derecho a contratar con fines lícitos. El Ejecutivo argumentó que “existen intereses generales que los promotores de las instituciones educativas, en ejercicio de la libre iniciativa privada tienen que respetar”.

Asimismo, dichos intereses están vinculados con la idoneidad y la calidad del servicio educativo que brindan, los cuales deben ser fiscalizados por el Estado, pero sin afectar la autodeterminación de los particulares que implica la capacidad para determinar libremente los costos y pensiones.

También señalan que el proyecto introduce disposiciones que presuponen la imposición de un control de precios injustificado, lo cual contraviene el régimen económico y reduce la oferta educativa disponible.

Por otro lado, ciertos artículos restringen la libertad de empresa y contratar de forma desproporcional, pues exigen que no se considere en el costo del servicio los costos variables y costos fijos propios de las instituciones educativas lo que genera efectos contraproducentes en los agentes económicos al reducirse su redistribución de precios, precisaron.

Por último, señalan que la prohibición de cobros o penalidades en casos de incumplimientos contractuales de los consumidores y la imposición de reservas de vacantes establecen costos adicionales a las entidades sin sustento técnico.

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