El proceso especial de colaboración eficaz

La aparición de diversas organizaciones criminales en nuestro país ha generado que la política criminal adopte diversas medidas destinadas a desarticular estos grupos delictivos y sancionar a sus miembros; una de estas medidas es la colaboración eficaz, la misma que es recurrentemente utilizada por el Ministerio Público en sus investigaciones; en ese sentido, nuestra sección especial reúne tres importantes artículos de connotados abogados especialistas en la materia. Así, Miguel Pérez Arroyo realiza una importante apreciación sobre la fiabilidad de la declaración del colaborador eficaz.

Por su parte, Janet Alejo Pérez aborda el tema de la incorporación de la prueba personal del proceso de colaboración eficaz al proceso común, estableciendo la posible vulneración del derecho de defensa. Por último, Gian Pierre Alcántara Villanueva precisa algunos lineamientos básicos respecto a la colaboración eficaz y su aplicación en los casos de corrupción.

Litigio penal

Con la intención de comprender los aspectos positivos y negativos de la modificación del delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se incluye una importante entrevista realizada al doctor Eduardo Oré Sosa, quien establece esclarecedoras precisiones sobre el criterio de imputación objetiva, responsabilidad penal del empresario y los programas de cumplimiento.

Las claves esquematizadas contemplan el recurso de casación, su base legal, notas doctrinales y jurisprudencia relevante sobre el tema, constituyéndose en una herramienta con enfoque teórico-práctico, imprescindible para todo abogado que desee comprender de manera simple y ordenada sobre este recurso extraordinario.

La jurisprudencia relevante de este mes es la Casación N° 1469-2018-Tumbes, que establece que las vacaciones judiciales no justifican la suspensión del juicio oral por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

La antijuricidad como elemento del delito

En la sección de Derecho Penal, Jorge Hugo Álvarez desarrolla el elemento del delito antijuricidad en relación con su estructura, característica, función y las causas de justificación. Por otro lado, Juvissa Malaver Cruz analiza la valoración de la habitualidad como agravante de la pena del imputado y su vulneración del principio de presunción de inocencia.

Entre la esclavitud y la explotación laboral

En la sección de Delitos comunes, destaca el trabajo elaborado por Patricia Gallo, quien a partir del análisis de los hechos y la calificación jurídica del caso “Nicolini”, diferencia los delitos de esclavitud y explotación laboral. Asimismo, José Bustamante Requena estudia los límites entre los delitos de estafa y extorsión, así como las estructuras comunicativas del engaño y la amenaza.

Por último, en un riguroso artículo, Shikara Vásquez Shimajuko expone la problemática de la sustracción de un bien hurtado previamente, esbozando importantes ideas sobre su punición, además de establecer lineamientos para determinar el bien jurídico en el delito de hurto.

El forzamiento de la acusación en el Código Procesal Penal

En la sección de Derecho Procesal Penal, Javier López Romaní sostiene que la facultad que tiene el juez para forzar la acusación fiscal exige una motivación fundada en datos objetivos que permitan verificar la existencia de base suficiente para llegar a juicio oral.

Así también se encuentra el trabajo de Freddy Rojas López respecto al proceso de extinción de dominio en la etapa judicial, desde sus alcances generales hasta la valoración de la prueba nueva y la sentencia anticipada.

La investigación fiscal de los delitos contra las personas LGBTI

En la sección Doctrina Penal, Jacqueline Pérez Castañeda expresa que el Estado debe adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia para casos de personas LGBTI, víctimas de violencia, atendiendo a que forman parte de un colectivo vulnerable. Por su parte, Luis Villanueva Villalobos propone que la interpretación teleológica en el Derecho Penal sea considerada antes que la interpretación literal.

Jurisprudencia relevante

• El Recurso de Nulidad N° 1053-2018-Huancavelica desarrolla los alcances del aberratio ictus en el delito de parricidio, sosteniendo que el error en el golpe determina la ausencia del dolor de matar.
• El Recurso de Nulidad N° 2215-2017-Callao sostiene que la agravante de ferocidad en el homicidio calificado implica una actitud inhumana y un instinto de perversidad brutal en el agente
• El Recurso de Nulidad N° 326-2020-Lima precisa que una sentencia conformada no puede cuestionar la prueba sobre el hecho imputado cuando sobre el mismo ha existido aceptación del imputado.

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