El Tribunal Constitucional, máximo órgano de interpretación y control de la constitucionalidad en el Perú, ya cuenta con los nuevos seis magistrados que lo integrarán por un nuevo período. 

El Pleno del Congreso eligió a los nuevos magistrados el pasado 10 de mayo. Franciso Morales, Luis Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pachecho y Manuel Monteagudo permanecerán en sus cargos durante 5 años y no podrán ser reelegidos de manera inmediata. 

La elección no ha estado exenta de cuestionamientos, referidos a la falta de debate en el marco de la comisión electora del Congreso, o a la ausencia de una ceremonia pública para la juramentación de los magistrados. 

En la presenta entrevista, Carlos Mesía, ex presdiente del Tribunal Constitucional, nos brinda sus apreciaciones en torno a esta reciente elección.

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Incidente de informes de la Contraloría

Una de las polémicas en torno a la elección estuvo referida a la falta de publicación de algunas partes de los informes de la Contraloría General de la República de los magistrados seleccionados. 

Al respecto, Mesía señala que la comisión encargada del Congreso ha manifestado que los informes no se han hecho públicos en sus totalidad debido a la existencia de información que es protegida por la reserva tributaria y el secreto bancario. Por ejemplo, los datos sobre la cantidad de dinero a la que asciende el patrimonio de los magistrados o el número de sus cuentas bancarias. 

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¿Otro diseño de elección de magistrados del TC?

El profesor Mesía comenta que sería muy útil para el mejoramiento del desempeño y desenvolvimiento del Tribunal Constitucional que 1) este se cambie por tercios y cada 3 años, 2) el período de gestión ascienda a 9 años, y 3) la cantidad de miembros ascienda a 9 magistrados. 

En ese sentido, 3 magistrados serían elegidos por el Poder Legislativo, 3 magistrados por el Poder Ejecutivo, y 3 magistrados por el Poder Judicial. Asimismo, el cambio más pausado y paulatino de magistrados por tercios pemitiría un viro sostenible en la jurisprudencia del Tribunal Constutucional, que no de paso a la inseguridad jurídica.