Por medio de la publicación del Decreto Supremo N° 0070-2021-VIVIENDA, se invitó al sector privado a la presentación de propuestas de iniciativas privadas cofinanciadas sobre proyectos de inversión en saneamiento en el área urbana de las provincias de Paita, Talara, Lambayeque, Huaura, Barranca, Huancavelica y Andahuaylas.

Es decir, al ser proyectos presentados por iniciativa privada, se tiene que se está cumpliendo con el requisito procedimental de presentación de mejores propuestas en el marco de lo establecido en el numeral 88.1 del artículo 88 y numeral 89.1 del artículo 89 del Decreto Supremo N° 240-2018-EF.[1]

Al respecto, a efectos de determinar, de manera general, el impacto del desarrollo de un proyecto de infraestructura en la modalidad de asociación público-privada es necesario analizar el impacto que este tendrá dentro de la competitividad del país. De manera específica, de la lectura del “Índice de Competitividad Regional 2020” publicado por el Instituto Peruano de Economía, se aprecia que las regiones en las cuales se encuentran las provincias beneficiadas con los mencionados proyectos presentan los siguientes resultados en cuanto al componente de “infraestructura:

Índice de competitividad regional 2020, en comparación al 2019

 

• Región Piura (Talara y Paita)

Infraestructura: puesto 18 de 25 (se mantiene)

Indicador de acceso a electricidad, agua y desagüe: puesto 16 de 25 (bajó)

 

• Región Lambayeque (Lambayeque)

Infraestructura; puesto 9 de 25 (se mantiene)

Indicador de acceso a electricidad, agua y desagüe: 6 (se mantiene)

 

• Región Lima Provincias (Huaura y Barranca):

Infraestructura: puesto 5 de 25 (se mantiene)

Indicador de acceso a electricidad, agua y desagüe 23 (subió)

 

• Región Huancavelica (Huancavelica)

Infraestructura: puesto 25 de 25 (mantiene

Indicador de acceso a electricidad, agua y desagüe 23 (subió)

 

• Región Apurímac (Andahuaylas)

Infraestructura: puesto 20 de 25 (subió)

Indicador de acceso a electricidad, agua y desagüe 14 (subió)

* Elaboración propia, en base a la información del Índice de Competitividad Regional 2020

En tal sentido, los proyectos antes mencionados tienen por finalidad contribuir en la reducción de la brecha de infraestructura presente en diversas regiones. Con ello, se mejorará la calidad de vida de los ciudadanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible N° 6[2] y N° 17[3] de las Nacionales Unidas.

Ahora bien, sin perjuicio de los beneficios que los mencionados proyectos van a generar en la calidad de vida la población, debe resaltarse que el mayor riesgo dentro de la gestión de proyectos vinculados con agua y saneamiento es la adecuada gestión de la población, el cual deberá de ser asignado al Estado.

Efectivamente, al ser proyectos que tienen por finalidad la construcción de infraestructura, es muy probable que se incrementen las tarifas a los usuarios, ya que esto servirá para aliviar el cofinanciamiento que el Estado deberá realizar al privado por la inversión originalmente efectuada y para la continuidad del proyecto.

En ese sentido, la preocupación sobre los mencionados proyectos es que se genere una situación de descontento social ante la eventual subida de los precios, teniendo esto como consecuencia que el Estado tenga que incrementar el cofinanciamiento originalmente proyectado para que el privado pueda seguir operando.

Por lo tanto, el Estado debería estar realizando gestiones de diálogo antes de la suscripción de los futuros contratos, a efectos de concientizar, tanto a la población como a las autoridades, sobre los beneficios sociales y ambientales de los proyectos y los posibles aumentos en las tarifas que se tendrán que realizar para poder solventar la continuidad de los servicios.

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