En el número de abril, Actualidad Jurídica cuenta con un informe especial sobre la infracción de presentación de información inexacta y documentación falsa o adulterada las cuales están relacionadas con la vulneración al principio de presunción de veracidad en las contrataciones con el Estado.

Infracción de presentación de información inexacta y documentación falsa o adulterada

En el informe especial de este número se analiza los costos que genera en el sistema de abastecimiento del Estado la vulneración del principio de veracidad. En esa línea se efectúa una revisión de los principios que guían las acciones de los operadores de la contratación estatal, continuando con un análisis sobre la reciente evolución de la configuración normativa y los acuerdos de Sala Plena emitidos por los vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado que establecen criterios para la determinación de estas infracciones. Asimismo, se revisa algunas importantes opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, así como resoluciones del referido Tribunal que nos permitirán conocer la forma de individualización de esta responsabilidad.

Legitimidad del estado de emergencia por el covid-19

La actual crisis del COVID-19 ha generado un grave quebrantamiento en el sistema sanitario, económico, socio cultural de la sociedad peruana, empero, también, jurídico, más aún cuando este último, no ha sabido responder a las expectativas depositadas por el sistema político y la ciudadanía entera de nuestro país. En la sección constitucional se analiza las fuentes constitucionales que regulan el derecho de excepción (Estado de emergencia), y, que conforman el núcleo rector de todo el desajuste jurídico (civil, penal, administrativo) para el eficaz tratamiento de la crisis del COVID-19.

Condicionamientos legales de las reservas societarias

El tratamiento impartido de las reservas societarias por el derecho empresarial que abarca el comercial – societario, y sus vinculaciones con el derecho tributario es priorizado en el informe mercantil, en el cual se desarrolla los caracteres esenciales, el proceso de formación, los fines y las razones de su disolución de las reservas. Asimismo, como la formalidad que se debe cumplir para la capitalización de las reservas por parte de la junta general.

Derecho a la desconexión digital y jornada laboral máxima

En la sección laboral se realiza un completo informe sobre el derecho a la desconexión digital, adoptada mediante el Decreto de Urgencia N° 127-2020, la cual ha sido la inserción concreta de la jornada máxima dentro de las actividades laborales remotas; por cuanto que el artículo 25 de nuestra Constitución Política ha establecido una jornada máxima de 8 horas diarias a 48 horas semanales, salvo las jornadas acumulativas o atípicas, en donde el promedio de horas trabajadas no deberá supe­rar el máximo laboral, por lo que considera que este derecho se puede aplicar desde el inicio del estado de emergencia sanitario (establecido en el Decreto de Urgencia N° 026-2020).

Ud. puede descargar el sumario de este número aquí.