Garantías judiciales en los procesos penalesEn su edición N° 161, Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional analizará cómo el juez constitucional advierte las garantías judiciales que deben respetarse en los procesos penales. Revisa todos los contenidos de la revista de este mes aquí.
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La edición de mayo de 2021 de Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional gira en torno a tres importantes decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional en los últimos meses “Aldo Mariátegui”, “Rómulo León” y “Carlos Matta Quispe”, por lo que se abordan cuestiones como la notificación de la sentencia y prescripción de la acción penal, la debida motivación de las resoluciones judiciales penales y finalmente, las diligencias policiales irregulares así como su intervención en la prohibición de prueba ilícita. De tal manera, podremos observar cómo el juez constitucional advierte las garantías judiciales que deben respetarse en los procesos penales.
Además, la revista de este mes aborda líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional respecto a la protección constitucional de las madres trabajadoras, la cosa juzgada y los procesos de filiación judicial extramatrimonial, el acceso a expedientes judiciales a través del hábeas data, entre otros. Del mismo modo, se abordan cuestiones de actuales como la decisión del Tribunal Constitucional en torno al arrendamiento del Estadio Nacional y por otro lado, la prohibición de iniciativa de gasto público del Parlamento.
Entre los autores que destacan en la presente edición tenemos a Abel Villaroel Quinde, José Carlos Gonzáles Cucho, Miguel Ángel Bolaños Rodríguez, Lidia Vílchez Garcés, Manuel Bermúdez Tapia, entre otros(as).
En los últimos meses se han emitido diversas decisiones relevantes del Tribunal Constitucional en materia penal constitucional, como lo reflejan los casos Aldo Mariátegui, Rómulo León y Carlos Matta Quispe. En tal sentido, se ha recogido el análisis de diversos especialistas en torno a las garantías judiciales en el marco de los procesos penales. Así, se aborda la notificación de la sentencia y prescripción de la acción penal, la debida motivación de las resoluciones judiciales penales y finalmente, las diligencias policiales irregulares, así como su intervención en la prohibición de prueba ilícita.
El Tribunal Constitucional ejerce una función de control e interpretación constitucional mediante el conocimiento de los procesos constitucionales. En el ejercicio de dichas labores, el Alto Tribunal ha recurrido a la aplicación de la sustracción de la materia, incluso ha desarrollado la existencia de dos regímenes de sustracción de materia. Sin perjuicio de lo mencionado, se evalúa si con estos pronunciamientos inhibitorios, el Alto Tribunal cumple con la finalidad de los procesos constitucionales y si aplica e interpreta correctamente el párrafo segundo del artículo primero del código procesal constitucional.
Se analiza la reciente STC Exp. Nº 04795-2017-PA/TC en la cual el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por Gloria Vásquez contra la Sunat debido a que la decisión de no renovarle el contrato se había basado en su estado de embarazo. De esta manera, la autora analiza el fallo del Alto Tribunal a la luz de dos importantes cuestiones: la contratación en el empleo público a través del régimen CAS y su relación con la protección constitucional del derecho a la igualdad y no discriminación de las madres trabajadoras.
Se evalúa la STC Exp. N° 03525-2017-PA/TC en donde la judicatura civil, en un proceso de sucesión intestada, cuestionó lo resuelto en un proceso de filiación judicial extramatrimonial con la finalidad de no conceder la declaración de herencia. El Tribunal Constitucional consideró que las resoluciones con calidad de cosa juzgada no pueden ser cuestionadas por otra judicatura, sino por las instituciones de control accionadas por las partes interesadas. Así, se examinan los procesos de filiación extramatrimonial regulados por la Ley Nº 28457 como el de sucesión intestada, mediante las resoluciones obtenidas mediante consulta judicial. Finalmente, se analiza la decisión del Alto Tribunal.
Se examina la STC Exp. Nº 02828-2019-PHD/TC, mediante la que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la demanda de hábeas data presentada por la no entrega de copias simples de un expediente judicial en trámite. El Tribunal aplicó el principio iura novit curiae para determinar que el derecho transgredido era el de autodeterminación informativa y no el de acceso a la información pública. Así, se analizan los supuestos en los que es posible acceder a expedientes judiciales, ya sea que se encuentren en trámite o concluidos, así como la protección que brindan los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución Política.
Se aborda la STC Exp. Nº 01396-2017-PA/TC que declaró fundada la demanda de amparo presentada por el Instituto Peruano de Deporte contra el Indecopi por haber considerado el arrendamiento del Estadio Nacional como una actividad empresarial del Estado reñida con el principio de subsidiariedad en materia económica, contraviniéndose una sentencia anterior emitida por el Alto Tribunal. De este modo, se sostiene que la citada actividad en realidad sí constituye una actividad empresarial del Estado, se emite pronunciamiento en torno a la gestión de bienes del Estado y se critica que el fallo del mencionado caso.
Se resalta el deber convencional que tienen los Estados democráticos de garantizar el derecho a la efectividad de las sentencias supranacionales, para luego analizar y delimitar el nuevo marco jurídico que regula la ejecución de sentencias supranacionales en el Perú. Así, se brindan referencias al cuerpo normativo anterior y su problemática práctica, a fin de brindarle al justiciable y al operador jurídico mayores herramientas en torno al procedimiento que deben seguir para el cumplimiento de decisiones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se analiza la facultad del Congreso de la República de iniciativa legislativa y la prohibición que limita esta atribución respecto al gasto del presupuesto público. El Parlamento solo la ejerce y activa esta facultad con base en el proyecto del presupuesto que presenta anualmente el Poder Ejecutivo; sin embargo, la flexibilidad de esta disposición ocurre en el debate, pues en esta etapa los congresistas sí tienen habilitado hacer propuestas. Asimismo, se realiza un análisis comparado, con especial referencia a Colombia, sobre las normas que aplica para la aprobación del presupuesto público.
