En el 2002, el Perú reinició el proceso de descentralización. Debe entenderse por este al proceso de transferir poder (capacidad de decisión y recursos) del Gobierno central a los gobiernos regionales y locales. Con el objetivo de conocer a detalle los avances, beneficios y retos del proceso de descentralización en el Perú, Gestión Pública & Control buscó al Mg. Raúl Molina Martínez[1], experto en temas de descentralización.

Juan F. Jiménez Mayor y Armando San Román Alva (JYA): En estos últimos años hemos tenido varias políticas públicas que han apoyado descentralizar la gestión pública; sin embargo, por otro lado, hemos visto que la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales no ha sido muy satisfactoria (casi un tercio no se ejecutó). ¿Cuál es su balance del proceso y los resultados de la descentralización en estos años? ¿Cuál es la estructura lógica que hay detrás de este proceso? ¿Es necesaria una reestructuración?

Raúl Molina Martínez (RM): Antes de entrar a la pregunta, respecto a su introducción, toda la responsabilidad de la baja ejecución presupuestal no es de los gobiernos regionales, sino también de los sistemas administrativos, que se han construido para delimitar, dentro de reglas comunes, la autonomía de ejecución de las entidades y han terminado por dificultar grandemente la ejecución de recursos.

Eso tiene que ver con la segunda de las preguntas: ¿cuál es la estructura lógica del proceso de descentralización? No hubo una sola, esta varió en el proceso: inició con un gran brío descentralizador y luego viró a un modelo claramente desconcentrado. Un hito clave en ese giro fue la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo a fines del 2007 y todo el andamiaje normativo que se construyó a partir de ella.

En ese sentido, ¿cuál es mi balance del proceso y sus resultados en estos años? Pues claroscuro. Hay autoridades regionales que movilizan la demanda de los departamentos ante el nivel nacional, la agenda de las provincias está más presente en el debate capitalino, más recursos han fluido hacia las provincias, sobre todo para inversión pública. No obstante, la reforma constitucional de 2002 y la Ley de Bases de la Descentralización le pusieron a estos ambiciosos objetivos de desarrollo. En ese plano de la promesa, los resultados no son tan claros: siguen persistiendo enormes déficits de servicios públicos en muchos lugares del país y no se han cerrado las brechas acumuladas de desarrollo relativo entre los departamentos.

Entonces, ¿es necesaria una reestructuración del proceso? Sin ninguna duda. La descentralización retomada con la reforma constitucional de 2002 está por cumplir veinte años y su diseño original se ha agotado. Se necesita un amplio debate político, social e institucional para un nuevo consenso sobre qué queremos para un nuevo ciclo de la descentralización a partir de las lecciones del proceso recorrido.

JYA: El proceso de transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos subnacionales está casi completo (al 93 %). ¿Qué medidas se deben plantear para asegurar la calidad de los servicios transferidos?

RM: Precisar, primero, que ese porcentaje parece referirse a los gobiernos regionales. Formalmente, a los gobiernos locales casi no se les ha transferido competencias y de lo que se les ha transferido, buena parte se ha revertido o limitado en su alcance.

¿Qué medidas se deben plantear? Primero delimitar las competencias, pero no en abstracto, sino en función de bienes y servicios concretos que el Estado debe entregar a la población y los procesos de gestión que hay que desplegar para producirlos. Esos procesos seguramente van a involucrar entidades o dependencias de dos o más niveles de gobierno y muy probablemente, con variaciones en los arreglos de responsabilidades intergubernamentales según la diversidad de realidades en que hay que hacerlo. Luego, en función de esos arreglos de responsabilidades asociados a bienes y servicios (productos públicos), se debería reordenar progresivamente las dotaciones de recursos, personal y otros bienes y servicios requeridos para producir esos bienes y servicios.

Un siguiente paso debería ser simplificar y adaptar a distintas realidades de ejecución y capacidades institucionales los procedimientos y reglas de ejecución expresados en los sistemas administrativos. Mencionando solo los extremos, no se puede exigir los mismos rigores de diseño y ejecución a entidades nacionales, dotadas de recursos y personal calificado, que a centenas de pequeñas municipalidades con escasos recursos que muy difícilmente pueden acceder a personal calificado.

Finalmente, las responsabilidades de cada nivel de gobierno se definen de manera articulada, con una concepción multinivel orientada a productos y resultados, a reforzar la obligación de todas las entidades de gobierno de rendir cuentas a sus ciudadanos, a los órganos rectores y al sistema de control, de los recursos, productos y resultados bajo su responsabilidad.