La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) determinó que Perú debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de José Domingo Pérez y su familia, lo cual permita que este pueda seguir realizando sus labores como fiscal sin ser objeto de amenazas, hostigamiento o actos de violencia.

Así lo señala la Resolución No. 55/2021 que, también, requiere que estas acciones sean coordinadas con el fiscal y su familia. Así como informar las acciones que el Estado realice para investigar los presuntos hechos en su contra.

Argumentos de la Comisión

La Comisión señaló que las medidas otorgadas responden a una constante amenaza que resaltó en el plantón frente al domicilio del fiscal, cuya dirección de residencia fue publicada en redes sociales. Así precisó que los hechos comenzaron desde el 2017, los cuales están relacionados con su labor como fiscal, y se han extendido al núcleo familiar.

Cabe resaltar que la CIDH resaltó como ejemplo del constante riesgo que enfrenta Pérez y su familia, la amenaza realizada de parte de un congresista de Fuerza Popular en el año 2017. Así como el seguimiento que se le hizo en el año 2018 cuando viajo a Brasil para tomar declaraciones sobre el caso Lava Jato.

Asimismo, se indicó que en el mismo año el fiscal encontró la perilla de su domicilio descolocada de su base, lo cual nunca fue esclarecido. De igual modo, en el mismo mes de este suceso, se realizó una campaña en redes sociales que lo vinculaban a Sendero Luminoso.

Como ejemplo de que estos actos se extendieron a sus familiares, se mencionó las manifestaciones realizadas en el 2020 en el centro de trabajo de la esposa del fiscal, quien se vio perjudicada por una fuerte campaña de estigmatización.

De igual manera, se menciona el suceso donde la excandidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acusó a Pérez de ser un actor político en las elecciones. Dichas afirmaciones reanudaron los ataques por redes sociales.

Por todo ello, la Comisión después de una evaluación de la gravedad, determinó que debido a que el fiscal tiene una especial visibilidad y notoriedad en la sociedad peruana ha sido víctima de un hostigamiento digital, denominado doxing, el cual se ha mantenido e intensificado en el tiempo.

Por último, se determinó que el Estado no implemento medidas suficientes para el resguardo del fiscal, pues no han mitigado o desaparecido la situación de riesgo que viene enfrentando.

Lea y/o acceda a la resolución AQUÍ: